La jueza Patricia Lúpica Cristo describió la figura que se le imputó a cada uno de los 8 acusados por lo sucedido en la escuela 144 de Aguada Florencia. Cabe destacar, que también se investigará la corrupción que permitió que la empresa cobrara, luego de la explosión y con las 3 muertes, la totalidad de la obra como si hubiera sido finalizada.
Las imputaciones son la siguientes:
Héctor Villanueva, gerente de la empresa Arte Construcciones S.R.L (la contratista), estrago culposo agravado por la muerte de las 3 víctimas en concurso real con administración infiel en perjuicio de la administración pública como partícipe necesario.
A Eduardo Afione, Maestro mayor de Obra subcontratado de manera irregular, según la fiscalía, se le imputó estrago culposo agravado por la muerte de las 3 víctimas.
A Diego Bulgheroni, representante técnico de la obra en la escuela por la empresa Arte Construcciones S.R.L, por estrago culposo agravado por la muerte de las 3 víctimas y administración fraudulenta contra la administración pública.
A Sergio Percat, inspector de obra de Obras Públicas de la provincia, se le imputó el delito de estrago culposo agravado por la muerte de las 3 víctimas en concurso real con el delito de administración fraudulenta contra la administración pública como coautor y falsificación de documento público.
A Raúl Capdevilla, director provincial de Obras Contratadas de la secretaría de Obras Públicas, se le imputó el delito de estrago culposo agravado por la muerte de las 3 víctimas en concurso real con el delito de administración fraudulenta contra la administración pública como autor.
A Carlos Córdoba, funcionario de Obras Contratadas de la provincia, se le imputó estrago culposo agravado por la muerte de las 3 víctimas, en concurso real con el delito de administración fraudulenta contra la administración pública como coautor.
Al ingeniero Roberto Deza por administración fraudulenta contra la administración pública.
A Gabriel Potas, Coordinador Interinstitucional de la Unidad de Planificación e Infraestructura del ministerio de Educación, por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso con la figura de homicidio culposo de Mónica Jara.
Quedó pendiente la audiencia de formulación de cargo de Presatti y Luna. Las defensas hicieron reservas para impugnar todas las decisiones de la jueza Lúpica Cristo.
