La jueza Patricia Lúpica Cristo rechazó la petición de los Defensores de que la acusación por administración fraudulenta se ventile en juzgados de Neuquén capital. Tampoco hizo lugar al pedido que cuestionaba la presencia de ATEN como parte de la querella y citó varias causas donde el mismo gremio docente apareció como querellante.

La magistrada señaló por una cuestión de economía procesal, es razonable que se continúe investigando el hecho principal que es la explosión, la muerte de tres personas y el hecho subsidiario que surgió con la investigación que es la posible administración fraudulenta.

Finalmente, dio por formulados los cargos para los 8 imputados que estuvieron presentes y fijó el plazo de la investigación en 4 meses. No obstante, limitó la declaración del imputado Gabriel Potás durante el proceso que se inicia en el día de la fecha.