Los abogados defensores realizaron diversas objeciones a la teoría del caso que presentó la fiscalía. Una de ellas, está relacionada con la incompetencia del juzgado de Cutral Co para llevar adelante la parte de la causa vinculada con la administración fraudulenta.
Todos los defensores coincidieron en señalar que los delitos que se imputan ocurrieron en las oficinas de los funcionarios ubicados en Neuquén capital.
La fiscal Gabriela Macaya se opuso al pedido de cambiar la sede de la causa apelando al criterio de economía procesal y pidió mantener toda la causa junta. Lo mismo solicitó la querella.
En definitiva, la fiscal Sandra González Taboada pidió que se descarten las objeciones y se dé por probada la imputación con un plazo de investigación de 4 meses.
Ahora, la jueza Patricia Lúpica Cristo debe dar su fallo al respecto, aunque todavía está hablando la querella.
