
Mediante un duro comunicado, el personal de la dependencia provincial ubicada en Neuquén capital repudió los dichos del subsecretario Gustavo Iril, quien redujo el hecho a un problema de salud mental. Reclamaron protocolos de seguridad, partidas presupuestarias de emergencia y el cese de la burocracia estatal.
Los trabajadores y trabajadoras de la Subsecretaría de Discapacidad de la provincia emitieron un comunicado público para denunciar y exponer los graves acontecimientos ocurridos el pasado viernes 13 de noviembre en las oficinas del organismo, situadas en Perito Moreno N° 334. En dichas instalaciones, una persona en situación de extrema vulnerabilidad intentó prenderse fuego a lo bonzo, poniendo en inminente riesgo su propia vida y la del personal de la institución.
Críticas a la respuesta oficial y falta de protocolos
El colectivo de trabajadores cuestionó con dureza las declaraciones brindadas el mismo día por el subsecretario del área, Gustavo Iril, a quien acusaron de intentar desviar el foco del conflicto. Si bien reconocieron que la salud mental requiere un abordaje específico, advirtieron que "ello no puede invisibilizar ni dejar de lado las condiciones sociales, económicas y materiales que atraviesan las personas, ni mucho menos eximir al Estado de su responsabilidad".
Asimismo, el comunicado advierte sobre un marcado debilitamiento en la capacidad de respuesta institucional y la alarmante ausencia de herramientas de contención:
• Falta de seguridad: Denunciaron que las dependencias carecen de un protocolo de seguridad y actuación ante situaciones de crisis que proteja tanto a los ciudadanos que concurren como a los empleados.
• Trabas burocráticas: Señalaron que el acceso a módulos alimentarios, asistencia económica y recursos logísticos queda supeditado a circuitos administrativos excesivamente burocráticos que demoran o directamente obstaculizan la ayuda. "En contextos de creciente vulnerabilidad social, la demora administrativa no es una cuestión meramente procedimental, ya que tiene consecuencias concretas sobre la vida de las personas", remarcaron.
Exigencias formales a las autoridades
Ante este escenario límite, el personal le exigió al ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, y al subsecretario Gustavo Iril una serie de medidas urgentes:
1. Protocolo de crisis: Elaboración e implementación inmediata de pautas de actuación y seguridad en las dependencias.
2. Refuerzo de asistencia y recursos: Mayor disponibilidad de módulos alimentarios, ayuda económica, habilitación de vehículos institucionales para visitas domiciliarias y la incorporación de más profesionales en las áreas.
3. Partida presupuestaria específica: Creación de un fondo de disponibilidad ágil destinado exclusivamente a situaciones de emergencia y extrema vulnerabilidad social.
4. Revisión administrativa: Agilización de los circuitos burocráticos que impiden el acceso efectivo a las prestaciones.
5. Políticas integrales: Articulación entre las dimensiones sociales, económicas y sanitarias, evitando que la salud mental sea utilizada como única excusa para desplazar responsabilidades estatales.
Para finalizar, los trabajadores enfatizaron que lo ocurrido debe constituir un llamado de atención definitivo para la gestión provincial: "No alcanza con intervenir cuando las situaciones llegan a un punto extremo. Es necesario construir políticas públicas capaces de anticiparse, garantizar derechos y ofrecer respuestas concretas antes de que las personas lleguen a situaciones de desesperación".
