Tras pasar más de un mes detenida en la alcaidía 15 de la Ciudad de Buenos Aires, Estela Chávez —una jubilada que percibe el haber mínimo— recibió finalmente su excarcelación. Su familia logró juntar los 150.000 pesos exigidos como caución, por lo que esperará en libertad el juicio en su contra por el intento de hurto de un trozo de carne en un supermercado.

El caso de Estela pone nuevamente bajo la lupa las condiciones del encierro preventivo y expone una problemática en crecimiento: el colapso del sistema judicial frente a delitos de supervivencia impulsados por la crisis y la pérdida de poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

Del encierro preventivo a la falta de respuestas sociales
Durante sus semanas en la alcaidía —un espacio de tránsito previsto originalmente para estancias de 24 a 48 horas, pero donde las demoras estiran la permanencia por meses, según informes del Mecanismo Local contra la Tortura—, la salud de Estela se deterioró considerablemente, cursando una infección urinaria en medio de condiciones de precariedad.

Para especialistas y defensores de derechos humanos, la situación de Estela no es un hecho aislado. En los tribunales se registra un incremento sostenido de causas por hurtos de alimentos o productos básicos en cadenas de supermercados y comercios de barrio, un fenómeno conocido legalmente como "hurto famélico".

El laberinto judicial y el fin del "principio de insignificancia"
Desde el ámbito judicial advierten que los criterios para dar curso a estas causas se han modificado. Anteriormente, era habitual la aplicación del principio de insignificancia para dictar el sobreseimiento cuando la afectación al bien jurídico (la propiedad privada) era mínima y no justificaba el despliegue del aparato penal. Sin embargo, en la actualidad, las fiscalías suelen rechazar este recurso basándose en el valor monetario de los productos o apelando de forma rigurosa ante los tribunales superiores, como ocurrió en otros casos recientes de personas detenidas por intentar sustraer alimentos o golosinas.

Organizaciones sociales y judiciales señalan que la respuesta punitiva —que incluye la intervención policial, el despliegue de móviles, horas de detención y costosos procesos burocráticos por montos ínfimos— profundiza la exclusión social, sin atender las condiciones estructurales de indigencia y la pérdida constante de los ingresos jubilatorios frente a la inflación.