Frente a la prolongación del conflicto gremial en los tribunales provinciales, el Colegio de Abogados y Procuradores de la ciudad de Neuquén difundió un duro pronunciamiento para alertar sobre el grave impacto que la parálisis de actividades provoca en los justiciables y en los letrados independientes. A través del documento titulado "Justicia demorada, justicia denegada", la entidad reclamó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) medidas excepcionales para normalizar el servicio antes del receso estival.

Desde la institución señalaron su alarma por el momento del calendario en el que se profundizan las protestas: “Expresamos nuestra profunda preocupación por la continuidad de las medidas de fuerza de los trabajadores judiciales y las consecuencias que estas generan sobre el acceso a la Justicia, especialmente en un período crítico como el cierre del año judicial y la proximidad de la feria de enero”.

Si bien desde el Colegio aclararon que avalan la legitimidad de las demandas salariales o laborales del sector, marcaron un límite respecto a la metodología empleada: “Respetamos el derecho de los trabajadores judiciales a peticionar por sus condiciones laborales. Sin embargo, no podemos convalidar que el ejercicio de ese derecho implique la paralización reiterada de un servicio esencial para la ciudadanía”.

El impacto en los ciudadanos y en los letrados independientes

En el escrito, los representantes de la matrícula remarcaron que cada día sin actividad representa un obstáculo concreto para el ejercicio de garantías básicas, señalando que los principales damnificados son “madres que esperan el cobro de cuotas alimentarias para sus hijos, trabajadores despedidos o accidentados que reclaman indemnizaciones, víctimas de accidentes de tránsito y ciudadanos que necesitan resolver conflictos contractuales, familiares o patrimoniales”.

Asimismo, advirtieron sobre la crítica situación económica que atraviesan quienes litigan en el ámbito privado: “A esta situación se suma el perjuicio que sufrimos miles de abogados y abogadas que ejercemos la profesión de manera independiente, sin ingresos fijos, aguinaldo ni remuneraciones garantizadas, y que vemos paralizada nuestra actividad profesional y demorado el cobro de nuestros honorarios”.

Bajo esa línea, cuestionaron con severidad la modalidad de protesta al considerar que “la utilización reiterada de la interrupción del servicio judicial como herramienta de presión refleja un corporativismo insolidario que desatiende las consecuencias que estas medidas provocan sobre el resto de la sociedad”, recordando que tanto la Constitución Nacional como los tratados internacionales exigen una respuesta judicial en plazos razonables.

Reclamo al TSJ y alternativas para recuperar el tiempo perdido

Ante el temor de que la acumulación de expedientes paralizados derive en meses de retraso una vez iniciado el receso de verano, la entidad instó a la máxima autoridad judicial de la provincia a tomar cartas en el asunto de inmediato: “Frente a este escenario, instamos al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén a intervenir con urgencia y adoptar medidas concretas que permitan recuperar la actividad judicial y superar los atrasos acumulados”.

Como vías de solución para mitigar el daño institucional, desde el Colegio propusieron evaluar “la extensión de los horarios de trabajo, la suspensión de la feria judicial de enero para magistrados y funcionarios, o la implementación de cualquier otra medida eficaz que permita garantizar una respuesta adecuada a la ciudadanía”.

Finalmente, el comunicado concluyó reafirmando que la continuidad del servicio constituye una obligación estatal indelegable que debe prevalecer sobre cualquier disputa interna: “La Justicia pertenece a la ciudadanía y existe para garantizar sus derechos. Ningún reclamo puede desentenderse del perjuicio que provoca sobre quienes esperan una respuesta judicial. Porque justicia demorada es justicia denegada”.