La Justicia ordenó indemnizar a una trabajadora que fue despedida durante su embarazo, tras revocar parcialmente un fallo de primera instancia y reconocerle la protección especial prevista por la legislación laboral. La medida alcanza a una empleada de tareas de limpieza que se desempeñaba en un paso fronterizo de la Circunscripción de Los Lagos.

El conflicto se originó en septiembre de 2022, cuando la mujer, que cursaba un embarazo de 25 semanas, no pudo reincorporarse a sus funciones al finalizar sus vacaciones debido a un desperfecto mecánico que le impidió regresar desde la provincia de Misiones. Tras haber informado esta situación a su empleador, la empresa la intimó a retomar sus tareas y, a los pocos días, decidió dar por finalizada la relación laboral bajo la causal de abandono de trabajo.

En la primera etapa del litigio, el juez Luciano Zani calificó el despido como injustificado. El magistrado consideró que, si bien la ausencia generó perjuicios operativos y la trabajadora incurrió en un incumplimiento, existió comunicación previa y una manifiesta voluntad de reincorporarse, por lo que no se configuró una verdadera intención de abandonar el empleo. En este sentido, sostuvo que la empresa “se extralimitó en el ejercicio de su poder de dirección y disciplinario al extinguir el vínculo”. No obstante, en ese momento se había descartado la indemnización agravada por embarazo, al estimar que la desvinculación respondía a las inasistencias y no al estado de gestación.

Sin embargo, la causa llegó a la Cámara de Apelaciones 2, donde los camaristas Pablo Furlotti y Manuel Castañón López adoptaron un criterio diferente. Los jueces recordaron que, conforme al artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando un despido se produce dentro del período de protección por maternidad, recae sobre el empleador la obligación de probar fehacientemente que la decisión obedeció a una causa completamente ajena al embarazo.

Al advertir que la compañía no logró acreditar “una causa objetiva, concreta y suficiente” para justificar la ruptura del vínculo, la Cámara aplicó la presunción legal destinada a tutelar la estabilidad laboral de las trabajadoras embarazadas frente a posibles medidas discriminatorias. De este modo, se ordenó adicionar la indemnización agravada a favor de la trabajadora.