La Asociación de Abogados Ambientalistas interpuso una nueva denuncia tras constatar, mediante registros satelitales y fotográficos, la destrucción total de 1.800 hectáreas de bosque nativo en la provincia de Chaco.
El ecocidio se perpetró en las inmediaciones del Parque Provincial Loro Hablador, un territorio protegido desde 1998 y situado dentro del Corredor Biodiverso del Chaco Seco, así como del Paisaje Óptimo de Conservación del Yaguareté.
El avance de las topadoras y la complicidad sectorial
La maniobra ilegal comenzó a detectarse a principios de septiembre, cuando un primer reporte vecinal alertó sobre la tala de 600 hectáreas. Si bien en esa oportunidad la Dirección Provincial de Bosques y la policía rural intervinieron secuestrando maquinaria pesada —incluyendo topadoras y cadenas de arrastre—, los operativos clandestinos se retomaron días más tarde hasta triplicar la superficie arrasada.
En los expedientes judiciales vinculados a la causa, caratulada dentro de la denominada "Mafia de los Desmontes", figuran como multados los proveedores de maquinaria Javier Collado y Fabián Alexis Makaruk, siendo Collado un sujeto que ya registraba antecedentes por ilícitos similares en 2025.
Daño ambiental y categoría protegida
Los sectores afectados están catalogados bajo la Categoría II (amarillo) según la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (N° 26.331), la cual prohíbe terminantemente autorizar desmontes. Estas áreas funcionan como zonas de amortiguamiento ambiental y albergan a especies en peligro crítico de extinción, tales como el yaguareté, el pecarí quimilero, el tatú carreta y el propio loro hablador.
Desde la organización Aves Argentinas advirtieron que la pérdida de esta masa boscosa provocó la liberación estimada de más de 520.000 toneladas de dióxido de carbono ($CO_2$) a la atmósfera. Asimismo, remarcaron que el fin último de estas talas ilegales es la valorización inmobiliaria y agropecuaria de los terrenos, los cuales multiplican por hasta cinco veces su valor comercial tras el arrasamiento.
Respuesta judicial y mesa interjurisdiccional
Estos graves hechos ocurrieron en abierta violación a una medida cautelar vigente, cuya validez había sido ratificada recientemente por la Cámara de Apelaciones de Resistencia y respaldada por fallos de la Cámara de Casación Penal en pos de salvaguardar los presupuestos vitales del ecosistema.
Ante la nueva presentación legal de los ambientalistas, el Juzgado N° 1 de Resistencia dispuso una serie de acciones preventivas urgentes y ordenó la creación de una mesa interjurisdiccional.
Este espacio, cuya primera reunión fue convocada para el próximo 3 de noviembre, tendrá como metas principales:
Establecer prioridades geográficas de fiscalización y patrullaje satelital preventivo.
Coordinar la articulación operativa entre los estamentos municipales, provinciales y nacionales.
Diseñar un protocolo de alerta temprana y reporte inmediato ante nuevas infracciones.
