Con una jornada comunitaria en el centro de la ciudad capital, usuarios, profesionales del sector y entidades sociales conmemoran la fecha internacional del área y reclaman el cumplimiento efectivo de la normativa vigente.
La actividad tendrá lugar a partir de las 17:00 en las inmediaciones del Monumento a San Martín, donde se dispondrá una radio abierta y presentaciones artísticas en vivo para acompañar los reclamos del sector.
Las críticas a la iniciativa nacional
Bajo la consigna de que el marco legal actual requiere aplicación y no modificaciones, desde la Asamblea organizadora advierten que las reformas propuestas por la administración central amenazan los pilares del modelo actual. Entre los principales puntos de preocupación destacan:
Retorno al paradigma manicomial: Riesgo de reinstaurar la internación institucionalizada como alternativa primaria en lugar de priorizar el abordaje ambulatorio y comunitario.
Segmentación de la atención: Temor a que el acceso a las prestaciones quede supeditado al nivel de ingresos de cada paciente.
Retroceso presupuestario: Desestimación de la pauta legal que fija una asignación mínima del 10% del presupuesto de salud destinado exclusivamente al área.
El escenario en el ámbito local
A nivel provincial, los manifestantes apuntan contra la gestión de la administración neuquina denunciando un déficit estructural persistente. Señalan que la infraestructura de apoyo —como viviendas asistidas y espacios de centro de día— opera en inmuebles alquilados con deficiencias, al tiempo que persisten complicaciones para la retención y contratación de profesionales sanitarios debido a la coyuntura salarial y laboral.
Este panorama se da en un contexto de creciente demanda social, donde los equipos territoriales reportan un incremento en las consultas por padecimientos severos, episodios de ideación suicida y problemáticas asociadas al aumento de la vulnerabilidad socioeconómica y la situación de calle. Ante esto, la exigencia central apunta a garantizar el financiamiento presupuestario legal y priorizar la salud mental como un derecho transversal a todas las políticas públicas.
