La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un planteo presentado por siete de los ocho jóvenes condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa. Los acusados pretendían avanzar con una causa penal paralela promovida contra la fiscal de la causa y otros funcionarios judiciales a quienes acusaban de presuntas irregularidades cometidas durante las indagatorias iniciales.

El pronunciamiento llevó las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron la presentación por deficiencias formales al considerar que el recurso carecía de una fundamentación autónoma suficiente y no lograba rebatir los sólidos argumentos del fallo de la instancia previa.
El origen del reclamo: denuncias de irregularidades procesales

La presentación judicial había sido iniciada años atrás por el abogado Hugo Tomei en representación de Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi. La defensa sostenía que durante las primeras horas posteriores al hecho —ocurrido en enero de 2020 frente al boliche Le Brique en Villa Gesell— a los imputados no se les informaron adecuadamente los cargos ni las pruebas en su contra.

Bajo esa premisa, impulsaron un expediente independiente contra:

Verónica Zamboni: Fiscal de instrucción del caso.

David Mancinelli: Juez de Garantías que dictó las prisiones preventivas.

Verónica Olindi Huespi: Defensora oficial interviniente.

Funcionales y auxiliares del Ministerio Público Fiscal.

La denuncia atribuía a los funcionarios los supuestos delitos de falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad, argumentando que los breves lapsos entre las actas de imputación hacían físicamente imposible haber cumplido las garantías constitucionales.
El raid judicial que llegó a su fin

Pese a que en 2022 la Cámara de Apelaciones de Dolores admitió a los imputados como particulares damnificados, la investigación penal contra los funcionarios fue archivada por falta de dolo. Todas las apelaciones posteriores presentadas por la defensa —ante el Tribunal de Casación bonaerense y la Suprema Corte provincial— resultaron sistemáticamente denegadas entre 2025 y comienzos de 2026.

La reciente resolución del Máximo Tribunal de la Nación cierra de manera definitiva esa vía recursiva paralela, sin alterar la causa principal donde se ratificaron las penas de prisión perpetua para Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, y de 15 años de prisión para Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi.