Las instituciones de educación superior del país atraviesan una nueva medida de fuerza gremial en demanda de mejoras salariales y en exigencia de la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La protesta, estructurada por el término de tres días, fue resuelta por el Frente Sindical de Universidades Nacionales de la CONADU durante un plenario de secretarios y secretarias, configurándose como la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria prevista para el próximo 15 de octubre. El núcleo del reclamo radica en la exigencia de que el Gobierno nacional efectivice la recomposición salarial contemplada en la normativa vigente, con un porcentaje reclamado por el sector que asciende al 33,4%, frente al ofrecimiento oficial del 3% propuesto en la última mesa paritaria.

Intimación judicial, apelación del Ejecutivo y antecedentes legislativos

El conflicto sumó tensiones en el plano judicial luego de que el juez en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick intimara al Poder Ejecutivo a dar cumplimiento total a una medida cautelar que ordena aplicar los artículos de la ley referidos a la recomposición de haberes para docentes y no docentes, además de las becas estudiantiles. Pese a ello, la administración central procedió a apelar la decisión de la justicia.

Los antecedentes normativos se remontan a la sanción de la ley en el Congreso durante 2025 y a su posterior veto por parte del presidente Javier Milei. No obstante, el Parlamento ratificó la norma por dos tercios de los votos en ambas cámaras, logrando su promulgación por parte del Ejecutivo, aunque su aplicación quedó suspendida bajo el argumento de la falta de especificación en las fuentes de financiamiento, situación que motivó los reclamos judiciales y las protestas sostenidas por la comunidad académica.