Tras una audiencia celebrada este lunes en la sede del Ministerio de Trabajo en Rosario, la cartera laboral dictó la conciliación obligatoria que suspende transitoriamente los 200 despidos en la planta de la multinacional de electrodomésticos.

La medida abre un periodo de 20 días de negociaciones entre las partes, en un escenario complejo donde la compañía ratificó su decisión de cerrar todas sus operaciones locales y pasar a un modelo importador. El sorpresivo anuncio del cese total de actividades en el establecimiento de zona sur —que dejó inicialmente a doscientos operarios sin empleo formal y se comunicó en algunos casos mediante llamadas internacionales— motivó una rápida reacción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Con la asistencia del abogado gremial Pablo Cerra y el secretario general Antonio Donello, el sindicato se movilizó en defensa de las fuentes de trabajo y exigió la nulidad absoluta de las cesantías por la falta de cumplimiento del Procedimiento Preventivo de Crisis.

La postura sindical y el impacto en la cadena de valor

Durante el cónclave ministerial, la patronal no envió directivos presenciales y estuvo representada por profesionales externos que se limitaron a confirmar el cierre definitivo por directivas de los accionistas extranjeros. Pese a la dureza del planteo empresario, desde el sindicato valoraron la intervención oficial como un respiro inicial.

"Tener trabajo es una buena noticia. El primer paso fue dado", expresó Cerra, aunque advirtió que la discusión de fondo sigue siendo la preservación de la fuente laboral y no una mera negociación indemnizatoria. Asimismo, el conflicto encendió alertas sobre un posible efecto dominó en proveedores locales y pequeños talleres que dependían de la operatoria de la planta.

Con el respaldo activo de la CGT y un estado de alerta y movilización permanente, las negociaciones continuarán en mesas privadas durante los próximos días para intentar destrabar un panorama marcado por la caída del consumo interno y la apertura comercial.