El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), conducido por Graciela Aleñá, lanzó una fuerte advertencia contra la decisión del Gobierno nacional de avanzar en la concesión privada de más de 9.000 kilómetros de la Red Vial Nacional e incorporar 26 nuevos tramos.

Desde la organización sindical tildaron la medida de «ruticidio» y acusaron a la administración central de llevar adelante un vaciamiento deliberado del organismo técnico para justificar su posterior privatización.

La denuncia central del gremio expone que, de acuerdo con los registros del sistema vial (SISVIAL) entre 2024 y mayo de 2026, se recaudaron más de 1,5 billones de pesos destinados específicamente a la infraestructura, de los cuales apenas se ejecutaron unos 394.406 millones.

Esto dejó más de $1 billón inmovilizado en plazos fijos y títulos públicos, fondos que —según reconoció el propio Ejecutivo— fueron utilizados por el Ministerio de Economía para apuntalar el equilibrio fiscal.

Paradojas del control estatal y rechazo a la rentabilidad privada

El comunicado del STVyARA también cuestionó la contradicción de exigirle a Vialidad Nacional mayores tareas de auditoría y control sobre los corredores concesionados —inclusive tras la delegación de tramos a nueve provincias mediante el Decreto 253/2026— mientras se implementa una nueva tanda de retiros voluntarios para achicar la planta de personal.

«No se puede exigir más control con menos Vialidad», advirtió Aleñá, señalando que el deterioro inducido se utiliza como coartada para desplazar al Estado.

Finalmente, el gremio alertó que el nuevo esquema basado en criterios de rentabilidad económica dejará aislados a pequeños productores, comunidades y economías regionales cuyos volúmenes de tráfico no resulten atractivos para los negocios de las empresas privadas, exigiendo la reasignación inmediata de los recursos viales y la paralización de las privatizaciones sin estudios socioeconómicos previos.