La Armada Argentina formalizó una denuncia penal ante la Justicia Federal tras constatar un fraude sistemático mediante 645 acreditaciones indebidas de haberes que totalizan $981.148.567,88, operado de forma ininterrumpida entre julio de 2022 y enero de 2026.

La auditoría interna, iniciada en febrero pasado tras detectarse irregularidades en las remuneraciones de cinco integrantes del Departamento Revista, destapó un mecanismo de adulteración manual en los registros de pago destinados a más de 24.000 agentes.

El ardid consistía en vulnerar los controles habituales alterando los archivos informáticos antes de su remisión al Banco Nación para inflar importes o incorporar beneficiarios fantasmas, restituyendo luego los valores originales en los sistemas internos para evitar que las diferencias quedaran reflejadas en los recibos oficiales publicados en la plataforma Haberes-Web.

Del total defraudado —del cual apenas se han restituido 42,5 millones de pesos—, un 44,25% ($434.200.718,04) fue desviado hacia cuatro personas sin vínculo formal con la fuerza, figurando entre ellas María del Carmen Prieto, esposa del entonces jefe del Departamento Revista, el capitán de Navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, señalado como el principal ejecutor de la maniobra.

Auditoría, medidas preventivas y ramificaciones bajo la lupa judicial

La presentación judicial —impulsada por el jefe de Administración Financiera de la Armada, Carlos Alberto Castro Maggio, y radicada en el Juzgado Federal N° 2— abarca también un universo de pagos cruzados bajo sospecha, tales como haberes percibidos de manera simultánea en territorio nacional y en misiones en el exterior, así como transferencias a familiares directos durante lapsos en los que los agentes se encontraban de licencia sin goce de sueldo.

Si bien el perjuicio documentado roza los mil millones de pesos, fuentes tribunalicias estiman que la cifra final podría trepar hasta los 1.500 millones a medida que avance el peritaje integral.

Como respuesta institucional inmediata, la fuerza naval dispuso el relevo preventivo del personal sospechado, el aseguramiento físico de los equipos informáticos utilizados para la carga y validación de las planillas de sueldos, y una reingeniería en los circuitos administrativos para fragmentar y aislar las responsabilidades de liquidación, transferencia y conciliación bancaria, evitando así la concentración de procesos que facilitó el desvío de fondos públicos durante más de tres años.