Un diagnóstico presentado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) encendió las alarmas sobre un acelerado deterioro de las condiciones de vida en los barrios populares. El relevamiento territorial expone una severa emergencia sanitaria y social caracterizada por el inicio cada vez más temprano en el consumo de sustancias y el avance sin control de la ludopatía digital.

Principales indicadores de la problemática:

Inicio en la infancia: Las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) identificaron casos de inicio de consumo a los 8 y 9 años, muy por debajo de las mediciones nacionales que ubican la edad promedio entre los 13 y 14 años.

Relación con la exclusión: El 54 % de la población relevada por organismos comunitarios padece consumos problemáticos. De este total, un 45,3 % manifestó un empeoramiento al quedar en situación de calle.

Deficit en salud mental: El presupuesto destinado a la salud mental ronda entre el 1,4 % y el 1,8 % de los recursos públicos, distante del 10 % estipulado por la Ley Nacional de Salud Mental.

Suicidios: En 2025 se contabilizaron 5.209 fallecimientos por esta causa, alcanzando una tasa de 11,8 por cada 100.000 habitantes.

El auge de la ludopatía digital y el circuito ilegal

A la par de las adicciones tradicionales, el informe advierte un aumento en el juego en línea entre menores. Con acceso directo mediante billeteras virtuales y celulares, un 60 % de los adolescentes está expuesto a la publicidad de apuestas, un 16 % participa activamente y un 12 % ya registra endeudamiento.

El crecimiento del sector cobró impulso tras la disputa del Mundial en 2026, donde las plataformas reguladas registraron en la Ciudad de Buenos Aires un alza del 80 % en el dinero apostado y un incremento en las transferencias diarias, que pasaron de ARS 1.400 millones a ARS 2.600 millones.

No obstante, el riesgo principal se concentra en el circuito no regulado. Operadas desde paraísos fiscales, estas plataformas reclutan a menores y mujeres como “cajeras” para gestionar la carga de fichas y cobros mediante aplicaciones de mensajería. Para afrontar las pérdidas, los jóvenes recurren a prestamistas informales con cobros bajo violencia, lo que frecuentemente fuerza a los deudores a vincularse a redes delictivas en sus comunidades.