En una medida sin precedentes para la actividad automovilística nacional y regional, la Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante un operativo de clausura total e inhabilitación del Autódromo Roberto Mouras de La Plata. La resolución fue dictada por la Justicia Federal a raíz de una serie de irregularidades administrativas de larga data vinculadas con los permisos de habilitación municipal y provincial del complejo, como así también por infracciones a las normativas vigentes sobre protección ambiental y almacenamiento de sustancias peligrosas dentro del predio.
La irrupción de las fuerzas de seguridad nacionales tomó por sorpresa a las autoridades del circuito, a los equipos técnicos y a los cientos de pilotos que ya se encontraban instalados en los boxes del trazado platense para disputar los entrenamientos y clasificaciones de la jornada. Ante la orden judicial firme, el personal policial otorgó a las delegaciones participantes un plazo perentorio que se extendió hasta la medianoche para retirar la totalidad de los vehículos de competición, tráileres, herramientas y equipamiento antes de colocar los fajas de clausura y candados en los portones de acceso principal y secundario del autódromo.
Como consecuencia directa de este cierre preventivo, cuatro categorías del automovilismo regional sufrieron la suspensión inmediata y total de sus competencias programadas para el fin de semana. La Asociación Libre Mil Agrupada (A.L.M.A.), que tenía previsto celebrar su séptima fecha del torneo anual, figuró entre las más perjudicadas por la logística desplegada. La medida de la Justicia Federal alcanzó asimismo a las divisionales AVZ, Fórmula 5 y TC 2000 Platense, cuyas dirigencias tuvieron que emitir comunicados internos a sus asociados aclarando que la cancelación obedecía estrictamente a causas ajenas a la organización de las pruebas.
Origen del expediente judicial, antecedentes ambientales y el futuro del Turismo Carretera
La clausura judicial dispuesta sobre el circuito platense no constituye un hecho aislado, sino que representa la derivación final de un expediente penal que acumula meses de investigación y peritajes en el fuero provincial y federal. Los antecedentes y proyecciones de la causa judicial comprenden los siguientes aspectos centrales:
Denuncia por almacenamiento irregular: La causa tuvo su punto de partida en una presentación radicada por el expiloto Julio César Politano. La denuncia original alertaba sobre el acopio de combustible fuera de los estándares normativos en el predio, expediente que fue derivado a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 17 y al Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de La Plata para indagar sobre contravenciones ambientales y falta de licencias.
Operativo y allanamiento preventivo: El 17 de mayo pasado se concretó un antecedente directo cuando más de medio centenar de efectivos de la Policía Federal, acompañados por cuadrillas de bomberos y peritos de la División Delitos Ambientales, concretaron un masivo allanamiento en el predio en plena actividad oficial del TC Pick Up y el TC Mouras para relevar la infraestructura del predio.
Complicación institucional en la ACTC: El cierre del complejo se produce en un contexto institucional complejo para la conducción del automovilismo argentino, con investigaciones judiciales que salpican al entorno directivo de la Asociación de Corredores Turismo Carretera (ACTC), encabezada por Hugo Mazzacane y su hijo Gastón Mazzacane.
Incertidumbre en el calendario nacional: Aunque no existe una comunicación oficial respecto a la duración de la medida cautelar, fuentes judiciales señalaron de forma extraoficial que la inhabilitación del complejo podría extenderse por un plazo de hasta seis meses. De confirmarse esta ventana temporal, quedaría seriamente comprometida la realización de la fecha del Turismo Carretera (TC) fijada en el calendario nacional para el mes de diciembre en el trazado de La Plata.
