La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz aprobó la sanción de la norma conocida como "Ley Facu", una iniciativa legislativa orientada a regular los protocolos de actuación y acompañamiento hacia el personal docente apartado de sus cargos en el marco de investigaciones por presuntos abusos o faltas graves.
El proyecto impulsado por la comunidad educativa y organizaciones civiles adopta el nombre en memoria de Facundo Díaz, el profesor de música de 27 años del Jardín de Infantes N° 44 de Río Gallegos que se quitó la vida en noviembre de 2019 tras ser objeto de acusaciones y desafectado del aula sin imputación penal formal, instancia donde pericias posteriores y la Cámara Gesell determinaron la inexistencia de delito.
La normativa aprobada busca modificar sustancialmente el abordaje institucional del Consejo Provincial de Educación (CPE) durante la instrucción de sumarios administrativos, evitando que las medidas preventivas derivaren en el aislamiento absoluto o la estigmatización pública del trabajador. El articulado aprobado promueve un cambio en el proceso de notificación y contención, manteniendo de forma estricta la obligación de investigar cualquier sospecha o denuncia que afecte a menores pero garantizando la presunción de inocencia y el resguardo de la salud mental del personal intervenido.
Puntos centrales del protocolo de acompañamiento y el rol de la Fundación Facundo Díaz
Las disposiciones introducidas por la ley establecen un nuevo marco normativo para los procedimientos administrativos de la provincia:
Notificación acompañada y registro de confianza: La legislación establece que al momento de notificar una citación o medida de apartamiento preventivo, en el cuaderno de actuación del docente debe figurar una persona de su confianza (familiar, pareja o allegado) que lo acompañe de manera obligatoria durante la instancia formal.
Red de contención técnica y afectiva: Desde la notificación inicial se activa de forma automática un protocolo de asistencia legal y contención afectiva ejecutado por entidades externas independientes del Estado y los gremios, rol encomendado a la Fundación Facundo Díaz, manteniéndose el soporte psicológico de forma optativa para la persona notificada.
Lucha comunitaria y reglamentación pendiente: La sanción definitiva de la ley se concreta tras siete años de gestiones encabezadas por Graciela Riquelme, madre del docente, junto a equipos profesionales. Tras el respaldo parlamentario, el foco de la comunidad educativa se centra en la reglamentación técnica por parte del Poder Ejecutivo provincial y la asignación presupuestaria para garantizar la efectividad del protocolo en todos los establecimientos de Santa Cruz.
