El descenso en los registros de natalidad en la Argentina se consolidó como una transformación demográfica de carácter estructural. Si bien el presidente Javier Milei atribuyó públicamente esta tendencia a la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo durante su alocución en el Council de las Américas, los registros del Ministerio de Salud y del RENAPER confirman que el declive comenzó de forma ininterrumpida en 2012, ocho años antes de dicha sanción normativa.

Durante 2024 se contabilizaron 402.474 nacimientos, lo que implica una retracción del 11% respecto al año previo y una disminución acumulada del 47% en comparación con los valores de 2012. Con un indicador de 9 nacimientos por cada mil habitantes —el registro más bajo en la historia reciente—, la brecha frente al ritmo de crecimiento poblacional genera tensiones sobre el sistema previsional, sustentado por 12,8 millones de aportantes en un mercado con más del 43% de informalidad laboral.

Especialistas en políticas públicas sostienen que la decisión de postergar o limitar la maternidad responde a factores socioeconómicos como el acceso a la vivienda, la precariedad del empleo y la carga de los cuidados no remunerados. De acuerdo con relevamientos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), un 57% de las personas de entre 18 y 45 años manifiesta el deseo de tener más hijos pero encuentra condicionantes estructurales, por lo que remarcan la necesidad de fortalecer la información sobre salud reproductiva y diseñar políticas estatales de acompañamiento familiar.