El concejal Fabián Godoy presentó un proyecto de comunicación solicitando a las autoridades nacionales para que se paguen las prestaciones para personas con discapacidad, dado que hay deudas de junio pasado. ""Muchas veces hay años de trabajo terapéutico, que no pueden interrumpirse de un día para el otro.

La propia ley de emergencia establece la necesidad de un financiamiento adecuado y sostenible y contempla la liquidación expeditiva de los montos adeudados. Por lo tanto no estamos solicitando nada extraordinario, estamos pidiendo que aquello que la legislación reconoce, se cumpla efectivamente", dijo al explicar la iniciativa.
Godoy afirmó que "Los últimos días hemos tomado conocimiento de una situación que está generando una profunda preocupación entre prestadores de servicios para personas con discapacidad. Se están denunciando demoras en el circuito de financiamiento y pago de prestaciones que ya fueron realizadas. Eso es importante: ya fueron realizadas", destacó.

"Quiero dejar algo claro desde el comienzo, este proyecto no busca ser una discusión partidaria sobre la discapacidad, busca defender derechos", señaló.

Luego detalló que "La Ley Nacional 24.901 establece un sistema de prestaciones básicas para las personas con discapacidad y obliga a las obras sociales alcanzadas por la ley a brindar las coberturas correspondientes. Existe además un Fondo Solidario de Redestribución y Mecanismo de Integración destinado específicamente al financiamiento de estas prestaciones. Y tenemos actualmente vigente la ley 27.793 de Emergencia Nacional de Discapacidad", dijo.

"Por eso quiero ser absolutamente responsable con lo que estamos planteando. Reconocemos que esa ley fue reglamentada, reconocemos también que durante todo este año se actualizaron los valores del nomenclador. Reconocemos que hace pocos días se estableció para agosto un nuevo incremento del 2,1 % y se mantuvo el adicional del 20% para zonas desfavorables en nuestra Patagonia, en las cuales está beneficiada la provincia de Neuquén. Pero nuestro reclamo es otro, porque podemos tener una ley, podemos actualizar el nomenclador, podemos reconocer nuevos valores, pero si los profesionales que realizaron la prestación no cobran en tiempo y forma, el sistema igualmente comienza a fallar", sostuvo.

Godoy aseguró que "Un profesional tiene que vivir de su trabajo, un transportista tiene que cargar combustible, una institución tiene que pagar salarios, alquileres, servicios e insumos. Y cuando esos prestadores dejan de poder sostener económicamente su actividad, la consecuencia termina llegando al eslavón que nosotros tenemos, la obligación de proteger: la persona con discapacidad y su familia".

Luego aclaró que "este proyecto tampoco pretende determinar responsabilidades que todavía deben ser esclarecidas; precisamente por eso solicitamos información. Queremos saber qué ocurrió con las prestaciones correspondientes a mayo y junio; queremos conocer la situación de julio, queremos saber cuánto fue autorizado, cuánto fue transferido, cuánto permanece pendiente y cuál es el cronograma previsto para normalizar esta situación. Y fundamentalmente queremos que ninguna dificultad administrativa, financiera o presupuestaria termine significando que una persona de Cutral Co pierda una terapia, una rehabilitación, un transporte, un acompañamiento porque detrás de cada expediente, detrás de cada factura hay una persona, hay una familia", dijo.

Finalmente, reparó que "Muchas veces hay años de trabajo terapéutico, que no pueden interrumpirse de un día para el otro. La propia ley de emergencia establece la necesidad de un financiamiento adecuado y sostenible y contempla la liquidación expeditiva de los montos adeudados. Por lo tanto no estamos solicitando nada extraordinario, estamos pidiendo que aquello que la legislación reconoce, se cumpla efectivamente. Y quiero terminar por algo que para mí resume el espíritu de este proyecto: los derechos de las personas con discapacidad no pueden depender de que funcione, o no, una cadena administrativa de pagos. Nuestra responsabilidad como concejales es representar también a esas familias, escucharlas, acompañarlas y actuar antes que el problema sea todavía mayor".

La comunicación se aprobó por mayoría, con los votos del oficialismo y la abstención de Omar Pérez (LLA).