El juez de garantías Juan Manuel Kees dio por finalizado el control de acusación y habilitó el debate ante un tribunal colegiado. La empresa está imputada por la acumulación ilegal de residuos petroleros en el parque industrial capitalino.

La investigación judicial iniciada por la contaminación en el predio que la firma Comarsa operaba en la ciudad de Neuquén finalizó formalmente y quedó en condiciones de ser juzgada. La resolución se dictó tras la audiencia de control de acusación, donde la fiscalía de Delitos Ambientales y las querellas de la Asociación de Abogadas, Abogados y Profesionales del Ambiente junto a la APDH requirieron la elevación a juicio.

Pese a que las partes acusadoras solicitaron la intervención de un jurado popular, el juez de garantías Juan Manuel Kees dispuso que el debate se lleve a cabo mediante un tribunal colegiado integrado por tres magistrados. El juez fundamentó que los juzgamientos por jurados están reservados para causas con penas superiores a los 15 años de prisión.

La causa cuenta con cerca de cien testigos admitidos y la fecha de las audiencias dependerá de la agenda que fije la Oficina Judicial. El proceso se desarrollará mientras se espera la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), instancia que debe resolver los recursos planteados contra las suspensiones de juicio a prueba presentadas por la defensa de los acusados.
Calificación legal e imputados

La imputación aprobada para el debate oral es por contaminación peligrosa para la salud pública, tipificada en la ley 24.051 de residuos peligrosos en calidad de coautores. En tanto, durante el control de acusación los imputados resultaron sobreseídos por el delito de administración fraudulenta que se había incluido originalmente.

La nómina de acusados comprende a J.M.L. (presidente y accionista mayoritario de la firma desde 2014), H.E.B. (director suplente y administrador de hecho) y F.A.P. (exgerente general y responsable técnico).

Según la teoría formulada por el Ministerio Público Fiscal, a partir de 2014 la compañía recibió en su predio del parque industrial de Neuquén volúmenes de residuos hidrocarburíferos que superaban ampliamente su capacidad operativa. La fiscalía sostiene que la firma emitió certificados por tratamientos no ejecutados pero cobrados, al tiempo que continuó recibiendo material e incumplió de forma reiterada los planes de remediación y traslado exigidos.