El Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 4 de Azul condenó de manera solidaria a un banco y a una firma procesadora de pagos al abono de una cifra superior a los 6 millones de pesos a favor de una clienta. La resolución judicial se originó a partir de la facturación en su tarjeta de crédito de una transacción por 229,40 euros realizada en Italia en marzo de 2022, consumo que la víctima no efectuó ni autorizó.

Durante el proceso, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó que la demandante no había abandonado la Argentina en el período en que se registró la operación. Pese a las reiteradas gestiones presenciales, telefónicas y digitales realizadas para objetar el importe dentro del plazo legal, las compañías omitieron dar respuesta efectiva, inhabilitaron las tarjetas de la titular y la catalogaron como deudora irrecuperable en los registros del sistema financiero.

La sentencia judicial fundamentó la decisión en la vulneración del deber de protección y de la obligación de brindar un trato digno al usuario, figuras amparadas por la Ley de Defensa del Consumidor. Asimismo, el fallo dio por probado un esquema invasivo en el cobro de la deuda, que incluyó la emisión de más de 48 correos electrónicos y llamadas intimidatorias dirigidas tanto a ámbitos laborales como a una hija menor de edad de la afectada.

El importe indemnizatorio fijado comprende la reparación de daños patrimoniales, la cobertura por daño moral y la aplicación de un daño punitivo equivalente a 5 millones de pesos, orientado a sancionar la negligencia institucional y prevenir maniobras similares en el mercado financiero.