El gobierno provincial que encabeza Rolando Figueroa avanzó con la firma de decretos sancionatorios que determinaron la desvinculación definitiva de tres agentes de la administración pública neuquina. Las medidas disciplinarias extremas fueron adoptadas tras la sustanciación de auditorías e investigaciones internas que permitieron comprobar maniobras irregulares orientadas a fraguar ausencias, la presentación de documentación médica apócrifa y la consolidación de esquemas de abandono de servicio sin la debida justificación.

Maniobras con sellos médicos en el Hospital Castro Rendón

La situación de mayor gravedad institucional derivó en la aplicación de la máxima sanción administrativa prevista en el régimen laboral estatal: la exoneración. La medida recayó sobre Walter Ezequiel López, quien se desempeñaba como enfermero en el Hospital Provincial Dr. Eduardo Castro Rendón de Neuquén capital.

Los auditores estatales constataron que López presentó certificados médicos truchos para intentar justificar ausencias laborales registradas los días 3 de abril, 14 de mayo, 22 de mayo y 6 de junio de 2024. Los documentos —confeccionados fuera del ámbito hospitalario— diagnosticaban patologías como "síndrome febril y vómitos", "síndrome febril por dengue" y cuadros gripales severos.

La investigación interna sumó testimonios clave de profesionales de la salud. Un médico del nosocomio declaró que solía guardar su sello profesional en el cajón del escritorio al que tenían acceso directo los enfermeros del sector. Por su parte, otro profesional cuyo sello figuraba en las constancias presentadas por el acusado aseguró bajo testimonio no haberlo atendido jamás en el hospital y detalló que lo conocía únicamente por haber coincidido en una empresa privada de servicios de salud, dejando entrever que el agente se habría apoderado temporalmente de su sello personal dejado sobre el escritorio.

Los dictámenes de la auditoría concluyeron que el accionar del ex enfermero constituye una "notoria indignidad moral", al margen de representar un potencial delito contra la administración pública. Asimismo, las autoridades provinciales iniciaron las actuaciones patrimoniales correspondientes para determinar si el involucrado percibió haberes durante los días no trabajados, reservándose el derecho de exigir la restitución de los fondos.

Faltazos continuados y el uso indebido del canal informal

De forma paralela, el Ejecutivo dispuso la cesantía de Laura Alejandra Peralta, quien revistaba en la planta permanente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. Los sumariantes dieron por probado que la ex empleada incurrió en un abandono de cargo continuado al faltar a sus obligaciones laborales del 2 al 5 de enero y, de manera ininterrumpida, desde el 22 de enero hasta el 5 de junio de 2024.

Al momento de ser citada a la instancia de declaración indagatoria, la mujer adujo que en su dependencia las planillas de asistencia se completaban de forma manuscrita, afirmando que no utilizaba el registro biométrico por huella dactilar ni la plataforma oficial "Mis Licencias" para adjuntar certificados. Sin embargo, los informes elevados por las autoridades jerárquicas desmintieron su versión al ratificar que el sistema de fichado biométrico se encontraba plenamente vigente durante dicho período y que los avisos o fotos remitidos mediante la aplicación WhatsApp no poseen validez legal alguna para justificar inasistencias en la función pública.

Al igual que en el caso anterior, la provincia evalúa si Peralta percibió remuneraciones de manera irregular. De confirmarse la liquidación de sueldos sin prestación de servicios, el Estado iniciará las acciones administrativas para el recupero del dinero y, en caso de no obtener una respuesta favorable, promoverá querellas judiciales bajo la carátula de presunto enriquecimiento sin causa en perjuicio de las arcas públicas.