Una residente de la provincia de Córdoba recurrió a la Justicia Federal luego del rechazo en la vía administrativa. Un dictamen médico oficial certificó un 75,6% de minusvalía laboral tras la aplicación de la tercera dosis.
Una causa judicial reabre el debate sobre la responsabilidad legal e indemnizatoria en torno a los efectos secundarios de los inoculantes contra el COVID-19 en Argentina. Flavia Ochoa, vecina de la localidad de Coronel Moldes, promovió una demanda civil de amplio alcance contra el laboratorio AstraZeneca y la administración nacional a raíz de las secuelas neurológicas irreversibles que afectaron su movilidad.
El reclamo económico abarca conceptos por incapacidad sobreviniente, daño punitivo, pérdida de proyecto de vida y daño moral. A su vez, la representación legal de la demandante planteó la inconstitucionalidad de diversos puntos de la Ley 27.573 —normativa que reguló la compra de insumos sanitarios durante la emergencia del coronavirus— y solicitó de forma alternativa la activación del Fondo de Reparación Colectiva.
Evolución del cuadro de salud y evidencia documental
De acuerdo con las actuaciones presentadas ante el fuero federal, la afección se desencadenó en enero de 2022, pocas horas después de la administración del refuerzo vacunal. La paciente experimentó espasmos severos que derivaron en una pérdida paulatina de la fuerza motriz, motivo por el cual fue internada de urgencia en un centro médico de Río Cuarto.
En dicho nosocomio se le diagnosticó el síndrome de Guillain-Barré con presencia de cuadriparesia flácida, un trastorno en el que el sistema inmunitario ataca el sistema nervioso periférico. Tras recibir tratamientos con gammaglobulina y corticoides, la mujer requiere de manera permanente un andador para desplazarse, además del uso continuo de un collarín cervical y rehabilitación periódica.
Entre la prueba incorporada al expediente figuran:
La historia clínica completa y estudios de punción lumbar.
La notificación del Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) ante ANMAT.
El Certificado Único de Discapacidad.
El dictamen de la Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que fijó en un 75,60% el grado de incapacidad laboral.
Vía administrativa previa y estatus internacional del fármaco
Antes de judicializar el reclamo, la afectada agotó la instancia ante la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas. Dicho organismo desestimó la solicitud al argumentar la falta de una prueba concluyente sobre la relación causa-efecto entre el componente biológico y la afección neurológica, dictamen que la querella busca impugnar en los tribunales.
A nivel internacional, agencias de regulación sanitaria como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) incluyeron con anterioridad al síndrome de Guillain-Barré dentro del listado de reacciones adversas de baja frecuencia vinculadas a la fórmula Vaxzevria de AstraZeneca, aun cuando mantuvieron la recomendación de su uso en base al balance general entre beneficios y riesgos.
