La Justicia del Trabajo emitió un dictamen a favor de la firma FADEMI, dedicada a la fabricación de baterías en la localidad de Larroque, al dejar sin efecto la orden judicial que exigía la reincorporación de 35 operarios desafectados tras un extenso conflicto con el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana.
La resolución fue firmada por el magistrado Julio Armando Grisolía, al frente del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 55, revirtiendo lo dispuesto a comienzos del año anterior por la Cámara de Apelaciones y convalidando las cesantías dispuestas por la compañía.
El origen de la disputa y el impacto en la producción
El desacuerdo salarial se desencadenó a mediados de 2024. Según el apoderado legal de la empresa, Emiliano Gietz, la demanda de incremento resultaba inasumible, dado que el personal había registrado una actualización de haberes superior al 400% en el período previo, ubicando las remuneraciones promedio en montos por encima de la media de la región.
Las medidas de fuerza adoptadas por la representación gremial escalaron progresivamente:
·Paralización parcial: Inició con asambleas sorpresivas y quitas de colaboración que redujeron el volumen de fabricación de 1.200 a apenas 100 unidades al día, provocando pérdidas estimadas en 30 mil baterías.
·Interrupción total de actividades: A comienzos de julio de 2024, los bloqueos en los accesos impidieron el ingreso y salida de transportes de carga. La parálisis afectó el cumplimiento con clientes y proveedores, comprometiendo la continuidad financiera de la firma familiar.
Hostigamiento y causas judiciales por intimidación
A la par del reclamo laboral, la dirección de FADEMI denunció diversos actos de intimidación que incluyeron escraches en domicilios particulares y agresiones directas.
El punto más crítico aconteció a principios de 2025, cuando la propietaria de la fábrica recibió en su vivienda un envoltorio con proyectiles y notas amenazantes.
Tras la intervención de la Fiscalía de Gualeguay, los registros de las cámaras de seguridad permitieron identificar y aprehender a dos operarios de la propia pyme como los ejecutores del hecho.
Ambos involucrados permanecieron bajo prisión preventiva y actualmente enfrentan imputaciones por coacciones agravadas a la espera del inicio del proceso oral. La defensa de la empresa contó con la representación del letrado Pablo Abdón Torres Barthe, integrante del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB).
