El reciente triunfo futbolístico de la Selección Argentina ante Inglaterra no solo dejó repercusiones deportivas, sino que también reactivó el debate político en Europa. A raíz de una bandera con la consigna "Las Malvinas son argentinas" exhibida por los jugadores durante los festejos, el prestigioso diario británico The Guardian publicó un extenso artículo de opinión donde plantea la necesidad de que el Reino Unido reabra los canales diplomáticos con Buenos Aires para discutir la soberanía del archipiélago.

La columna, firmada por el periodista Simon Jenkins, sostiene que la condición colonial de las islas no puede sostenerse de manera indefinida. El autor argumenta que el estatus actual de las islas representa un "absurdo geográfico" y un costo financiero insostenible para el contribuyente británico, estimando el gasto militar de defensa en unos 60 millones de libras esterlinas anuales. Tomando como referencia el reciente acuerdo histórico entre Londres y Madrid para remover la frontera física en Gibraltar, Jenkins se pregunta si el cruce mundialista no podría abrir una ventana de oportunidad similar.

El texto recupera la perspectiva histórica previa al conflicto bélico de 1982, recordando que durante la década de 1970 existían negociaciones avanzadas para la transferencia de la soberanía. En ese período, los acuerdos bilaterales permitían a los isleños acceder a servicios de salud, educación y comercio en el continente argentino. Según la publicación, la intervención armada de la última dictadura militar interrumpió un proceso que probablemente habría derivado en una resolución pacífica o en un esquema de autonomía bajo el paraguas de las Naciones Unidas.

Finalmente, la columna relativiza el peso del referéndum isleño de 2013 —donde casi la totalidad de los habitantes votó por mantener el lazo con el Reino Unido— al señalar que, tarde o temprano, estos territorios ultramarinos tienden a integrarse a sus regiones geográficas. El analista concluye que el reclamo argentino se mantendrá en el tiempo y cuestiona la postura actual del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, calificándola como una estrategia de postergación ante un debate que requiere coraje político.