Un informe de UNICEF revela que más de 5 millones de chicos viven en hogares vulnerables en Argentina. Advierten que el presupuesto nacional destinado a la niñez muestra una contracción en términos reales durante el inicio de 2026.
La situación social de la población infantil y adolescente en Argentina vuelve a encender los indicadores de vulnerabilidad. Según el último relevamiento presentado por UNICEF Argentina, elaborado sobre la base de registros estadísticos oficiales del segundo semestre de 2025, el 42,3% de las niñas, niños y adolescentes reside en hogares con ingresos inferiores a la canasta básica. En tanto, la indigencia alcanza al 9,4% de este segmento etario, lo que equivale a un universo de aproximadamente 5,1 millones de menores en condición de pobreza, de los cuales cerca de 1,1 millones no logran cubrir sus necesidades alimentarias mínimas.
Si bien la fotografía del cierre del año pasado refleja una disminución respecto al pico crítico del segundo semestre de 2024 —cuando la pobreza infantil trepó al 52,7% (afectando a 6,3 millones de chicos)—, las proyecciones técnicas para el tramo inicial de 2026 anticipan una interrupción de esa mejora temporal. De acuerdo con las simulaciones de la organización internacional, para la primera mitad de este año se espera un repunte que ubicaría la pobreza infantil en torno al 44,4% y la indigencia en un 10,8%.
Radiografía de las desigualdades estructurales
El documento, expuesto en una jornada informativa en el Círculo Italiano de Buenos Aires, pone el foco en cómo los promedios generales suelen enmascarar disparidades críticas según el contexto familiar. En los hogares donde la persona de referencia carece de empleo, el índice de pobreza infantil se dispara de forma dramática al 74,8%.
Asimismo, en entornos con bajos niveles de escolarización formal, el indicador alcanza el 68,8%, mientras que las familias lideradas exclusivamente por mujeres registran una tasa de vulnerabilidad del 52,8%.
Por otra parte, la problemática excede la dimensión puramente monetaria. El estudio advierte que el 42,8% de la infancia padece al menos una privación estructural vinculada a derechos fundamentales como el acceso a una vivienda digna, saneamiento básico, agua potable, educación o protección social. Como reflejo de esta presión económica, en 7 de cada 10 hogares con menores a cargo se debió recurrir a estrategias de subsistencia críticas durante el último año, tales como la solicitud de ayuda externa, el endeudamiento familiar o la venta de bienes propios.
El impacto de las transferencias de ingresos
Desde el organismo internacional remarcaron el rol que juegan las políticas de sostén económico. Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF en el país, puntualizó que los niveles de indigencia en la población infantil serían 6 puntos porcentuales más elevados si no existieran los programas de asistencia directa. "Herramientas como la
Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar son pilares indispensables para resguardar un piso alimentario básico y evitar que los sectores más desfavorecidos caigan en la indigencia extrema", analizó.
En sintonía, el especialista Sebastián Waisgrais remarcó la importancia de que estos esquemas de protección cuenten con pautas de actualización automáticas y se complementen con políticas sectoriales que aborden las deficiencias edilicias y ambientales que perpetúan la pobreza estructural.
El gasto público en la mira: tendencias y recortes
El informe incorpora un capítulo dedicado exclusivamente al comportamiento del presupuesto nacional dirigido a las infancias y adolescencias, analizado con datos oficiales actualizados al 13 de mayo de este año. Los registros indican que durante el balance de 2025 se había logrado una recuperación real del 4% respecto a 2024, impulsada fundamentalmente por la expansión de las partidas de protección de ingresos con movilidad automática, las cuales explicaron cerca del 88% del total de la inversión en infancia.
Sin embargo, el escenario cambió de rumbo en el primer cuatrimestre de 2026, período que ya registra una contracción real del 6% interanual. Esta baja se explica por recortes generales en las áreas de educación, nutrición, primera infancia y subsidios directos, siendo la salud la única excepción debido a partidas destinadas a la adquisición de vacunas y medicamentos.
El análisis concluye advirtiendo sobre la proyección anual para el resto de 2026. De mantenerse el presupuesto vigente sin modificaciones ni ampliaciones de crédito, el financiamiento nacional dirigido a la niñez registraría una caída real estimada del 16% en comparación con el gasto devengado en 2025. Los técnicos señalaron que el presupuesto actual requerirá de refuerzos obligatorios para absorber y hacer efectivos aumentos recientes, como la suba del 38% otorgada a la Tarjeta Alimentar en mayo, por lo que el financiamiento de programas esenciales de desarrollo infantil, infraestructura escolar y esquemas alimentarios directos continuará bajo un escenario de fuerte restricción.
