Las clínicas y sanatorios de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut decidieron cortar el servicio de atención en guardia para los afiliados de PAMI. La medida de fuerza responde a una abultada deuda acumulada y a un severo retraso en la actualización de los aranceles prestacionales frente a la inflación.

Según explicaron los prestadores del sector, que asisten a unos 300.000 afiliados en la región, los valores que reciben por la atención médica registran un desfasaje del 75% en relación con el aumento de precios en los últimos dos años y medio. Desde diciembre de 2023, los aranceles subieron un 130%, mientras que la inflación acumulada superó el 300%.

Cirugías suspendidas por falta de insumos

A través de un comunicado de prensa, las entidades advirtieron que la crisis también afecta a los procedimientos quirúrgicos programados. Denunciaron que actualmente hay cirugías que no se pueden realizar debido a que el PAMI no provee los materiales necesarios y los costos vigentes son imposibles de absorber por las instituciones. Entre las especialidades más afectadas citaron las neurocirugías, las prácticas urológicas y las endoscópicas.

Esta parálisis en las prestaciones no es nueva en la Patagonia. En abril pasado ya se habían suspendido las cirugías programadas que no revistieran carácter de urgencia, y la falta de respuestas favorables profundizó las restricciones hasta llegar al corte actual de las guardias.

Negociaciones sin acuerdo

Los representantes de los sanatorios mantuvieron una reunión semanas atrás con el director de la obra social, Esteban Leguízamo. En ese encuentro, el funcionario planteó la posibilidad de un incremento inferior al 4% para los próximos meses, sumado a un ajuste puntual en estudios de imágenes y prácticas de baja incidencia.

Para las clínicas, la propuesta oficial no representa un principio de solución. A nivel nacional, las cámaras del sector señalaron que el retraso general llega al 102% y que los aumentos ofrecidos por el Gobierno son de apenas un 1,9% para junio y otro 1,9% para julio, los cuales impactarían recién en las liquidaciones de agosto y septiembre de 2026. Ante la falta de avances tras haber presentado propuestas alternativas, los prestadores afirmaron que no les quedó otra opción que retomar las limitaciones en los servicios.