A través de un comunicado conjunto, las principales cámaras del sector privado denunciaron que las actualizaciones anunciadas para junio y julio de 2026 son de apenas el 1,9%. Aseguran que la situación financiera de las clínicas es crítica y peligra la cobertura de millones de jubilados.
Las entidades representativas de los prestadores de salud que mantienen convenio con el PAMI emitieron una fuerte señal de alerta este miércoles 3 de junio, al advertir que la continuidad de la atención médica de millones de jubilados y pensionados en todo el país atraviesa una situación crítica. A través de un documento público, las organizaciones denunciaron que la falta de actualización adecuada de los aranceles, el importante atraso acumulado y la aplicación de débitos injustificados comprometen seriamente la capacidad operativa de las instituciones médicas para sostener sus servicios.
El texto lleva la firma de las principales cámaras del sector privado: ADECRA, CAPRESS, ACAMI, FECLIBA, Salud Federal y CONFECLISA. Según manifestaron, si bien las autoridades del PAMI reconocieron la existencia de la problemática en reuniones previas, las medidas y paliativos anunciados hasta el momento resultan completamente insuficientes para revertir la crisis del sistema prestador.
Números en rojo: aumentos del 1,9% frente a costos desbordados
El nudo del reclamo radica en la enorme brecha existente entre la inflación de los costos médicos y los valores que abona la obra social de los jubilados. El comunicado detalla un escenario financiero insostenible para las clínicas y sanatorios de cara al invierno de 2026:
Desfasaje actual: Las cámaras denuncian un atraso acumulado del 102% en los valores prestacionales.
Aumentos insuficientes: Frente a ese porcentaje, PAMI dispuso incrementos de apenas el 1,9% para el mes de junio y otro 1,9% para julio de 2026.
Efecto diferido: Estas actualizaciones, que además son las únicas reconocidas en lo que va del año, impactarán recién en las liquidaciones que los prestadores cobrarán en agosto y septiembre de 2026.
“De persistir este escenario, podrían verse afectadas la continuidad de las prestaciones, la capacidad operativa de los establecimientos de salud y el acceso oportuno a la atención médica por parte de millones de afiliados en todo el país”, advirtieron las entidades firmantes.
El peso del sector privado en la salud nacional
Las organizaciones recordaron que el sector privado constituye un engranaje fundamental e insustituible del sistema sanitario argentino, señalando que más de la mitad de las camas de internación de todo el país pertenecen a establecimientos privados. Por este motivo, cualquier dificultad financiera que afecte su normal funcionamiento repercute de manera directa e inmediata en la capacidad de respuesta sanitaria de toda la nación.
Pese a la gravedad del diagnóstico, las entidades reiteraron su plena voluntad de diálogo con las autoridades gubernamentales y solicitaron, con carácter de urgencia, la adopción de medidas que permitan restablecer condiciones de financiamiento adecuadas, previsibles y sustentables en el tiempo.
Los cuatro puntos clave que exige el sector:
Esquema de actualización real: Un sistema de valores que refleje fielmente los costos operativos reales del sector salud.
Simplificación del sistema: Un modelo prestacional más simple, transparente y sostenible.
Revisión de contratos: Modificar los mecanismos de contratación y financiamiento para determinadas prestaciones específicas.
Claridad en la facturación: Una gestión clara, previsible y debidamente fundamentada de los débitos y ajustes que la obra social aplica a las facturas presentadas por las clínicas.
“La salud de millones de jubilados y pensionados requiere soluciones urgentes, previsibles y sostenibles que permitan preservar la calidad y continuidad de la atención en todo el país”, concluyó el documento, dejando planteado un escenario de fuerte incertidumbre para el sistema de salud en los próximos meses.
