La jueza Carina Álvarez dictó un plazo de cuatro meses para investigar el accionar de 12 integrantes de la comunidad Campo Maripe. Se les imputa haber paralizado la actividad extractiva en Añelo mediante amenazas y obstrucciones.
La tensión por la tenencia de la tierra y la explotación de recursos en el corazón del shale neuquino se trasladó a los tribunales. Tras un extenso bloqueo que afectó la operatividad de un yacimiento de áridos, la Justicia de Neuquén avanzó con la imputación formal contra una docena de personas vinculadas a la comunidad Campo Maripe, acusadas de impedir de forma violenta el trabajo en una cantera propiedad de un empresario local.
Cronología y acusación fiscal
Según los hechos expuestos por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, el conflicto se inició el 24 de enero de 2026 en la zona rural de Añelo. El grupo de manifestantes habría tomado el control del acceso al predio, situación que se prolongó hasta los primeros días de marzo. Durante ese período, la fiscalía sostiene que se registraron episodios de amedrentamiento:
Amenazas directas: Se denunció que los trabajadores fueron intimidados con la advertencia de incendiar y destruir la maquinaria y los vehículos presentes.
Perjuicio económico: El propietario del terreno, de apellido Acuña, se vio imposibilitado de explotar la cantera durante más de un mes, lo que derivó en una denuncia por turbación de la posesión.
Resolución judicial y medidas
La jueza de Garantías, Carina Álvarez, validó la formulación de cargos y estableció una serie de pautas para el proceso:
Etapa de instrucción: Se fijó un plazo de 120 días para que la fiscalía y la defensa reúnan las pruebas definitivas.
Medidas cautelares: Los imputados deberán cumplir con pautas de comportamiento y abstenerse de realizar cualquier acción que interfiera nuevamente con la propiedad objeto de la disputa.
Desestimación de agravantes: La magistrada decidió no incluir el agravante por participación de menores, al considerarlo un factor incidental y no central en el plan delictivo denunciado.
El trasfondo del caso
La audiencia no estuvo exenta de roces procesales. La defensa intentó sin éxito recusar a la magistrada, lo que dilató la resolución final. Para sustentar la acusación, el Ministerio Público Fiscal presentó una serie de registros fílmicos y testimonios que acreditarían la ocupación sistemática y la coacción ejercida sobre el personal de la cantera.
Este fallo marca un precedente en el tratamiento de los cortes y bloqueos dentro de la zona de influencia de Vaca Muerta, en un contexto donde el gobierno provincial y la justicia buscan garantizar la seguridad jurídica para las actividades vinculadas a la industria energética.
