El Juzgado N°20 dispuso que especialistas analicen la salud mental de la ex primera dama en el marco de una denuncia por impedimento de contacto y amenazas. Ante su negativa a ser examinada, el estudio se realizará sobre pruebas documentales e historias clínicas.
El proceso judicial que enfrenta Fabiola Yáñez sumó una medida procesal determinante. El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°20 de la Ciudad de Buenos Aires fijó para este 31 de marzo una evaluación psiquiátrica y psicológica integral. La medida busca esclarecer si Yáñez contaba con la autonomía y comprensión necesarias sobre sus actos al momento de los hechos denunciados por el expresidente Alberto Fernández.
El foco en el Artículo 34 del Código Penal
El objetivo central de los peritos de la Dirección de Medicina Forense será determinar la capacidad de la imputada para comprender la criminalidad de sus acciones. Los puntos clave de la pericia incluyen:
·Facultades mentales: Evaluar si existía algún trastorno o alteración que encuadre en un estado de inconsciencia o insuficiencia de facultades.
·Incidencia de sustancias: Analizar si el consumo de psicofármacos o alcohol pudo haber afectado su capacidad de dirigir su conducta durante los episodios investigados.
·Análisis documental: Debido a que Yáñez manifestó su voluntad de no someterse a la entrevista personal, los especialistas trabajarán exclusivamente sobre el material ya incorporado al expediente, como testimonios e historias clínicas previas.
Límites judiciales y peritos de parte
El magistrado a cargo de la causa estableció límites estrictos al peritaje, rechazando pedidos para interpretar las conductas de Yáñez como síntomas de patologías no probadas, al considerar que tales hipótesis exceden la etapa actual del proceso. Asimismo, se descartó —por el momento— evaluar su peligrosidad actual para sí o para terceros, dada su negativa a participar de las entrevistas.
En cuanto al equipo técnico, se confirmó la intervención del psiquiatra Rafael Ángel Herrera Milano como perito de parte. Por su parte, tanto la Fiscalía como la defensa y la asesoría tutelar disponen de un plazo de tres días para proponer a sus propios especialistas antes de que comience el análisis oficial.
El trasfondo de la disputa
Esta derivación judicial se desprende de la denuncia iniciada por Alberto Fernández, quien acusa a su expareja por el presunto impedimento de contacto con su hijo, Francisco. Con esta pericia, la Justicia busca definir si existen elementos que atenúen o anulen la responsabilidad penal de la ex primera dama en los delitos de amenazas y desobediencia que se le atribuyen.
