Bajo la Resolución N° 115/26, el Gobierno provincial unificó el sistema de intervención para escuelas públicas y privadas. La normativa no solo acelera los tiempos de respuesta docente, sino que faculta a la justicia a intervenir si los padres no se involucran en la solución.
SALTA – En un movimiento estratégico para frenar el avance de la violencia en las aulas y las redes sociales, el Ministerio de Educación de Salta puso en marcha un nuevo marco regulatorio de aplicación inmediata. La Resolución N° 115/26 establece una hoja de ruta obligatoria para todos los niveles educativos, transformando la manera en que las instituciones deben reaccionar ante casos de acoso y ciberacoso.
Un sistema de "tolerancia cero" a la demora
El corazón de la nueva norma es la actuación temprana y escalonada. A partir de ahora, cualquier presunción o detección de hostigamiento obliga a las autoridades escolares a activar dispositivos de resguardo de forma instantánea. El objetivo es claro: proteger la trayectoria escolar de la víctima evitando que el conflicto derive en el abandono o la estigmatización.
Los 3 pilares de la Resolución 115/26
Blindaje Digital y Registro Único: Se crea el Registro Provincial Digital de Intervenciones. Esta herramienta permitirá al Estado monitorear en tiempo real los focos de conflicto en toda la provincia, centralizando los datos para diseñar políticas de prevención basadas en estadísticas reales y no en suposiciones.
Intervención Técnica Especializada: Ante escenarios de alta complejidad, la normativa exige la convocatoria inmediata de equipos interdisciplinarios, como la UPACE (Unidad Provincial de Apoyo a la Comunidad Educativa) y el POE (Programa de Orientación Escolar), garantizando que el abordaje sea profesional y no meramente administrativo.
El rol de la familia bajo la lupa: Quizás el punto más disruptivo es el de la corresponsabilidad. Los tutores están obligados por ley a participar activamente en el proceso de resolución. En caso de reticencia o ausencia de los padres, la escuela queda facultada para dar intervención directa a los organismos judiciales competentes.
Hacia una convivencia escolar segura
Esta medida se inscribe dentro del Plan Provincial de Prevención de la Violencia en la Escuela, buscando dotar a los directivos de herramientas legales sólidas. Con este nuevo esquema, Salta busca pasar de una actitud reactiva a un modelo de prevención activa, donde la confidencialidad y el respeto por los derechos de los menores sean el eje de cada expediente iniciado.
