Reformarán la ley de integración socio-urbana de Barrios Populares prorroga por diez años la suspensión de los desalojos y promueve el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos. Además, expropiarán el edificio donde funcionó el boliche en el que murieron 194 jóvenes.
Por Diego Guglielmone
El proyecto de barrios populares, que impide desalojos por diez años mientras se relevan características urbanas, y el que expropia para el Estado nacional el lugar donde funcionó la sala de conciertos conocida como República de Cromañón, en la zona de Once, tuvieron dictamen la semana pasada en el Senado y están listos para ser convertidos en ley.
Ambas iniciativas obtuvieron el respaldo de la Cámara de Diputados durante la última sesión ordinaria que se llevó a cabo el miércoles 12 de octubre.
La próxima semana, si el oficialismo y la oposición logran llegar a un acuerdo, ambas iniciativas serán llevadas al recinto de la Cámara alta para su sanciones definitivas.
La enfermedad del jefe del interbloque del Frente de Todos (FdT), el formoseño José Mayans, conspira contra las posibilidades del oficialismo de convocar a una sesión con quórum propio. Pese a que, gracias al aporte de sus aliados de Juntos Somos Río Negro y de Hay Futuro Argentina, podrían sentar a 37 legisladores en sus bancas, se trata del número justo para avanzar con cualquier tratamiento.
Por ello, la bancada oficialista, encabezada actualmente por la mendocina Anabel Fernández Sagasti, debe contar con la cooperación del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) para llegar al recinto.
Ambas iniciativas obtuvieron respaldo de la oposición durante la firma de los dictámenes, por lo que se espera que puedan llegar al recinto esta semana que comienza.
Suspensión de los desalojos
El proyecto que reforma la ley de integración socio-urbana de Barrios Populares prorroga por diez años la suspensión de los desalojos y promueve el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
Asimismo, propone ampliar el alcance de la norma sancionada en 2018 declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios, prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda, y agilizar los procesos administrativos.
El proyecto apunta a declarar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.
Aunque tanto el oficialismo como la oposición apoyan la medida que comenzó a implementarse durante el Gobierno de Mauricio Macri, existen discrepancias a la hora de la financiación del programa que recibe fondos de lo recaudado por el Impuesto a las Grandes Fortunas y por el Impuesto PAÍS.
JxC, a través de sus senadores, sostiene que el Registro debe recibir fondos contenidos en la Ley de Presupuesto de cada año y que sean derogados los mencionados gravámenes.
No obstante ese desacuerdo, la sanción de la iniciativa no corre peligro, aunque debe ser convertida en ley antes de este viernes 28 de octubre que es cuando se vencen los cuatro años del proyecto original que evita los desalojos.
Espacio de memoria
El otro asunto que mantiene la unidad de criterio entre oficialismo y oposición es el proyecto que dispone expropiar el edificio donde funcionó el boliche República Cromañón, en el que murieron 194 jóvenes y 249 sufrieron heridas durante un incendio el 30 de diciembre de 2004, para convertirlo en un espacio dedicado a la memoria.
El objetivo de la iniciativa aprobada es "declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre número 3038/3078, entre Ecuador y Jean Jaures, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", pegado a la estación de tren de Once.
En sus fundamentos, el texto expresa como una de las finalidades de la expropiación la de "conservar el predio como refugio de la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004, un espacio social donde circule la memoria colectiva y ayude a que las víctimas no se aíslen en un reclamo individual".
Además, destaca que se trata de una acción "para poder transformar el dolor en lucha, y a sembrar una memoria como pueblo, para que hechos como estos no ocurran nunca más".
