El diputado Carlos Coggiola (PDC) presentó un proyecto de ley para crear un programa de protección de testigos. El objetivo es ejecutar las medidas que preserven la seguridad de las personas testigos o víctimas de hechos delictivos, que se encuentren en una situación de peligro para su vida o integridad física.

Las medidas de protección serán dispuestas por el juez o jueza de garantías cuando, por las características de la investigación, se presuma la existencia de peligro para la vida o integridad física de las personas. En ese sentido, podrá disponer todas las medidas que estime necesarias para preservar la identidad de los testigos, su domicilio, profesión y lugar de trabajo.

La iniciativa plantea que para la admisión y permanencia en el programa es requisito mantener absoluta reserva y confidencialidad respecto de la situación de protección y de las medidas adoptadas, entre otras disposiciones. También señala que los testigos protegidos deben ser custodiados y resguardados en su integridad
psicofísica cuando concurran a estrados a prestar declaración testimonial.

Por otro lado, el proyecto contempla la creación de un fondo permanente por 500 IUS que se destinará a la ejecución de medidas ordenadas por el juez o jueza interviniente.

En los fundamentos, el autor explica que el programa propuesto “constituye una mejora cualitativa en las respuestas del sistema de justicia, de forma de contribuir a garantizar el acceso a la justicia y disminuir las brechas de impunidad”. Agrega que “trasciende la mirada asistencial para ubicar a las personas que han sido víctimas o testigos de un delito como sujetos de derecho a la atención integral, protección y reparación”.

A la vez, advierte que las características del contexto delictivo actual exigen mecanismos claros para diferenciar la calidad de la participación de los testigos y los mecanismos de protección para asegurar un proceso penal que permita la imputación de los delitos y la reparación de las víctimas. Es en esa línea que el proyecto apunta a promover “la generación de las condiciones para que la protección requerida por las víctimas y los testigos del delito pueda prestarse de manera oportuna, integral y eficiente”.

El proyecto (15701) ingresó por Mesa de Entradas el 17 de octubre.