Luego de que el bloque del Frente de Todos pidiera a Patricia Bullrich y Cristian Ritondo que "repudien" las declaraciones del legislador neuquino, quien propuso instaurar la pena de muerte para casos de corrupción, Sánchez rectificó mediante una nota dirigida al jefe de la bancada diputados.
El diputado nacional del PRO Francisco Sánchez se retractó este jueves de sus dichos mediante los cuales propuso instaurar la pena de muerte para casos de corrupción, luego de que el bloque del Frente de Todos (FDT) le pidió a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y al jefe de la bancada diputados, Cristian Ritondo, que "repudien" sus declaraciones por considerar que "son inconstitucionales y generan un agravio al pueblo argentino y a la democracia".
Mediante una nota dirigida a Ritondo, el diputado por Neuquén aclaró: "Ratifico mi posición respecto a declarar los delitos de corrupción agravada como equiparables a delitos de traición a la Patria, tal como expreso en el proyecto de mi autoría".
"En el mismo señalo la necesidad de establecer en la letra del Código Penal su imprescriptibilidad y la imposibilidad de indulto, amnistía o conmutación de pena, todo ello en cumplimiento de la manda del artículo 36, quinto párrafo de la Constitución Nacional", precisó.
En ese sentido, añadió: "Como todos en Argentina sabemos suficientemente, la corrupción a distintos niveles del Estado se ha convertido en uno de los principales males, afectando las arcas públicas, afectando moralmente a la sociedad y desacreditando la confianza en la totalidad de la comunidad política".
"Considero atendible el pedido de evitar la continuidad de manifestaciones que puedan afectar la sensibilidad de personas individuales o colectivas, por lo que desistiré de impulsar un proyecto de estas características".
Francisco Sánchez
"Yendo específicamente a las manifestaciones respecto de la aplicación de la pena capital para este tipo de delitos, si bien no está expresado en mi proyecto antes mencionado, sí lo expuse como una alternativa de tratamiento, no dirigido a ninguna persona en particular, sino a todos los casos en los que se pruebe fehacientemente delitos de latrocinio", reconoció.
En ese sentido, admitió: "No desconozco que nuestra Nación ha abolido la pena de muerte desde la Asamblea del año XIII y que nuestros valores culturales, devenidos de nuestra tradición cristiana, enaltecen la virtud del perdón y la reconciliación. Tampoco puedo ignorar que la Argentina le ha otorgado a la Convención Americana sobre Derechos Humanos rango constitucional, con lo que solo modificando nuestra Constitución Nacional podría avanzar una iniciativa del tipo planteado".
"Esta posibilidad se encuadra en lo que puede y debe considerar cualquier legislador, tal como por ejemplo también lo ha considerado la Vicepresidente de la Nación al plantear una modificación al status autonómico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, idea inconstitucional que requiere de una modificación de la carta magna", remarcó.
Por último, destacó: "Con esto, simplemente quiero señalar que las manifestaciones que he realizado, se encuadran dentro de la función que desempeño y que, como espero sepan, está amparada por la Constitución Nacional en su artículo 68".
"Ahora bien, teniendo en cuenta la gravedad de la situación social en Argentina, derivada de la crisis económica y de los permanentes agravios a las instituciones republicanas, considero atendible el pedido de evitar la continuidad de manifestaciones que puedan afectar la sensibilidad de personas individuales o colectivas, por lo que desistiré de impulsar un proyecto de estas características", cerró.
