La comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones (J) debatió hoy sobre los inminentes vencimientos de las concesiones de las represas hidroeléctricas en la región. Lo hizo al tratar un proyecto que solicita la creación de una comisión de seguimiento y le pide a Nación la caducidad de las prórrogas de concesión. El tema, que cosechó el acompañamiento del MPN y de CC-ARI y el rechazo del FT y del PTS-FIT, permanecerá en agenda una semana más.

Al explicar el alcance del proyecto, el diputado César Gass (JC) indicó que el objetivo principal no solo es conocer el estado de las represas hidroeléctricas del Comahe a partir de la creación de una comisión, sino garantizar la participación de las provincias en los espacios de análisis y debate vinculados al futuro otorgamiento de concesiones. El pedido deriva del vencimiento, en el año 2023, de concesiones de diez represas en la región Comahue, sobre los ríos Limay y Neuquén.

El legislador hizo hincapié en que los recursos naturales, en este caso el recurso hídrico, son propiedad de las jurisdicciones por manda constitucional, por lo que deben tener participación en el proceso de concesión. “Las dueñas del recurso están desatendidas, transitamos un terrible unitarismo”, aseguró Gass tras denunciar la falta de participación de las provincias en el reciente equipo nacional creado por la Secretaría de Energía que evaluará el estado de las represas.

Desde el bloque Frente de Todos rechazaron la propuesta al considerar que, una vez finalizadas las concesiones, la administración de las represas le corresponde, por ley, al Estado Nacional -en tanto poder concedente- y no a las provincias. “Esta comunicación busca embarrar más que echar más luz” a la situación del manejo de las hidroeléctricas, señaló Soledad Salaburu (FT) tras asegurar que la propuesta confunde las cuestiones vinculadas a la titularidad de las represas, el valor de las tarifas por servicio eléctrico y la denominada Tarifa Comahue. La legisladora sugirió que se solicite información a los organismos nacionales competentes si lo que se busca es tomar conocimiento del estado de discusión, pero desestimar la conformación de una nueva comisión y el pedido de caducidad de concesión ya que Nación ya está trabajando en ello con la creación del nuevo equipo. Sus pares de bloque, Lorena Parrilli y Darío Peralta, se expresaron en similar sentido.

En contra también se pronunció Andrés Blanco (PTS-FIT), quien solicitó la estatización del manejo de las represas ya que “Neuquén es dueña del recurso” pero, a semejanza de otros recursos, son otros los que los explotan y se quedan con los beneficios, dijo el diputado.

A su turno, Karina Montecinos (CC-ARI) se inclinó a favor de la propuesta al argumentar que la provincia debe participar en las instancias de evaluación del estado de las represas por ser, constitucionalmente, la titular de los recursos. “Me parece justo establecer algunas condiciones para lo que viene con respecto a la generación de energía de la provincia”, sintetizó la legisladora.

Finalmente, el diputado Maximiliano Caparroz (MPN) adelantó el acompañamiento del bloque oficialista a la propuesta en debate una vez que se someta a votación, pero pidió limitar el pedido a la creación de una comisión y dejar de lado el requerimiento a Nación de no prorrogar las concesiones, tal como lo establece la redacción original del proyecto. Argumentó que “en los hechos no hay federalismo” ya que si las provincias tuvieran participación en el actual equipo creado por la cartera de Energía “no necesitaríamos crear una comisión nueva”.

El tema permanecerá en la agenda de la comisión y será retomado en el próximo encuentro.

A la vez, en la reunión de esta mañana, el cuerpo acordó elevar un pedido de informe –desde las autoridades de la comisión- al Ministerio de Energía sobre el estado de situación de las áreas de hidrocarburos convencionales cuyas concesiones fueron renegociadas en el 2008, mediante ley 2615.

Asimismo, las diputadas y los diputados acordaron reanudar el debate del proyecto que crea un Régimen de servidumbre administrativa de servicios de tecnología de la información, la comunicación y las telecomunicaciones. Se trata de una propuesta elevada por el Ejecutivo provincial que incorporó, durante su tratamiento el año pasado, aportes de distintos organismos con competencia en la materia.

Estuvieron presentes Maximiliano Caparroz, Leticia Esteves, Lorena Abdala, Liliana Murisi, Lorena Parrilli, Gonzalo Bertoldi, Laura Bonotti, Soledad Salaburu, Darío Peralta, Andrés Blanco, Teresa Rioseco, César Gass, Carlos Sánchez, Karina Montecinos y Ludmila Gaitán.