La masiva misa celebrada por el papa León XIV en el barrio porteño de Palermo generó cruces políticos y judiciales. Los diputados Pablo Juliano y Esteban Paulón (bloque Provincias Unidas) presentaron formalmente pedidos de informes en la Cámara baja para exigir explicaciones sobre la contratación de las firmas Tech Security SRL y Purgato S.A., ambas vinculadas al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encargadas de los servicios de seguridad y limpieza durante el evento. En paralelo, la diputada Marcela Pagano llevó el caso a la Justicia mediante una denuncia.
El centro de la controversia y los vínculos societarios
El foco de la investigación apunta a dilucidar los procedimientos de contratación y los posibles conflictos de intereses:
Tech Security SRL: Fue fundada en 2005 por Martín Menem junto a sus hermanos Adrián y Fernando, y su socio Pablo Vázquez. Si bien Martín Menem se desvinculó en 2023 al asumir su cargo legislativo y cedió sus acciones a su familia, la firma acumula antecedentes de contratos con organismos públicos, como un millonario acuerdo con el Banco Nación en 2024 y servicios previos en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Purgato S.A.: Creada en 2015 por Fernando Menem y socios allegados, también ha sido cuestionada por adjudicaciones previas con el Estado.
La defensa de las empresas y los organizadores
Ante los cuestionamientos sobre la falta de licitaciones públicas, allegados a las compañías y al entorno de Martín Menem salieron al cruce para aclarar que no existió una contratación directa por parte del Estado. Según explicaron, ambas firmas fueron subcontratadas por la productora DF Entertainment, encargada de la organización general del evento papal, con la que mantienen una relación comercial de larga data que incluye festivales como el Lollapalooza y operativos de seguridad para clubes de fútbol y la Conmebol.
Asimismo, desde las empresas defendieron su trayectoria al señalar que prestan servicios de manera ininterrumpida a través de distintas gestiones gubernamentales (Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei), descartando cualquier tipo de favoritismo oficial.
Los puntos clave del pedido legislativo
Los legisladores opositores exigen detalles precisos sobre:
Si las empresas de la familia Menem fueron contratadas por el Estado o bajo un esquema de subcontratación privada.
El cumplimiento de la Ley de Ética Pública y la existencia de posibles conflictos de intereses.
El desglose operativo de los servicios prestados, incluyendo la cantidad exacta de agentes desplegados, los costos unitarios y totales, y las condiciones de los pliegos de contratación.
Mientras el expediente avanza en la Justicia y en el Congreso, desde Tech Security remarcaron que su labor se limitó a sectores específicos de Plaza Seeber y avenidas aledañas, asegurando que operaron con total transparencia bajo la órbita de la productora privada.
