La disputa histórica entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía y los recursos naturales en el Atlántico Sur escaló formalmente al ámbito internacional, con el inicio de las audiencias preliminares en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en la ciudad alemana de Hamburgo.

Durante la primera jornada del proceso, la delegación argentina expuso sus argumentos centrales y reclamó que los isleños no pueden apropiarse de los recursos económicos de la plataforma continental en disputa. El embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, planteó cuatro demandas concretas: que se frene el inicio o la continuidad de actividades hidrocarburíferas vinculadas al proyecto Sea Lion, que no se otorguen nuevas autorizaciones en el área marítima circundante, que se resguarde la información obtenida durante las fases de exploración y que se adopten medidas urgentes para salvaguardar el medio marino.

Desde la perspectiva nacional, se remarcó que el reclamo ante el organismo no busca dirimir la cuestión de soberanía territorial sobre el archipiélago, sino velar por los derechos soberanos sobre la plataforma continental y evitar que se avance de manera unilateral sobre recursos no renovables mientras subsista la controversia diplomática respaldada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Por su parte, la representación británica respondió con dureza ante el tribunal, manifestando que no existe duda alguna sobre su soberanía en las islas y en las áreas marítimas adyacentes. La fiscal general del Reino Unido, Ellie Reeves, argumentó que la demanda argentina excede las competencias del tribunal al constituir, en el fondo, una disputa de carácter territorial. Asimismo, cuestionó la presentación de las medidas cautelares y acusó al gobierno argentino de endurecer su retórica diplomática en las últimas semanas.

El proceso judicial continuará con nuevas rondas de exposiciones y repreguntas entre ambas delegaciones, a la espera de que el tribunal internacional defina si corresponde dictar medidas provisionales mientras se conforma el tribunal arbitral definitivo encargado de resolver el diferendo.