La fiscal federal Paloma Ochoa impulsó una causa judicial orientada a determinar si funcionarios del Poder Ejecutivo utilizaron fondos, vehículos oficiales o logística pública para asistir en el ingreso, permanencia y posterior viaje a Estados Unidos de Flávio Bolsonaro y su familia.

La causa está en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y tuvo origen en denuncias impulsadas por el diputado Esteban Paulón y el dirigente Gabriel Solano.

El foco de las actuaciones judiciales busca esclarecer si existió una maniobra coordinada desde la estructura estatal argentina que implicara el desvío o la puesta a disposición de bienes públicos financiados por los contribuyentes.

Entre las posibles figuras penales bajo análisis se encuentran los delitos de peculado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público.

Las medidas en marcha para reconstruir el recorrido

A solicitud de la fiscalía, la jueza Capuchetti ordenó una serie de requerimientos para preservar pruebas y recabar documentación oficial:

Registros audiovisuales: Se dispuso el resguardo de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves, la terminal aeroportuaria de Puerto Iguazú y las dependencias de Aduana y Migraciones, correspondientes a los días 27 y 28 de octubre.

Informes migratorios: La Dirección Nacional de Migraciones deberá remitir las constancias sobre los controles aplicados tanto a los pasajeros como a la aeronave privada de la firma Baires Fly que los trasladó a territorio estadounidense.

Alertas internacionales: Cancillería y el Ministerio de Seguridad deberán informar si existieron pedidos de cooperación o advertencias emitidas por la Justicia de Brasil sobre las restricciones judiciales que pesaban sobre el dirigente.

El cruce fronterizo del senador brasileño —que afronta expedientes en su país por presunto lavado de activos— quedó bajo la lupa de los tribunales locales ante la sospecha de que pudo haber contado con cobertura institucional o la deliberada relajación de los controles migratorios regulares.