Encabezados por Luis Barrionuevo y Armando Cavalieri, las organizaciones sindicales radicarán una denuncia penal contra el ministro de Economía por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Reclaman más de 680 mil millones de pesos bloqueados en plazos fijos y fondos de inversión.
El conflicto entre el Gobierno nacional y el entramado sindical dio un giro de estrategia y trasladará su disputa a los tribunales. Cincuenta entidades gremiales confirmaron que durante el transcurso de esta semana formalizarán una denuncia penal contra el titular de la cartera económica, Luis Caputo, acusándolo de retener de forma indebida partidas presupuestarias destinadas al financiamiento de la salud pública sindical.
La ofensiva jurídica, articulada en un plenario realizado en la sede del Sindicato Obreros de Maestranza (SOM), es impulsada por el líder gastronómico Luis Barrionuevo en alianza con el titular de Comercio, Armando Cavalieri, el líder del gremio ferroviario La Fraternidad, Omar Maturano, y dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de la Capital Federal.
La cifra del reclamo y los fondos retenidos
La presentación penal de las organizaciones sindicales hace foco en dos montos millonarios que, según el informe técnico de la central obrera, permanecen inmovilizados sin ser transferidos al Fondo Solidario de Redistribución (FSR):
Partida presupuestaria e intereses ($288.000 millones): Fondos asignados originalmente en 2023 para el financiamiento de coberturas de alta complejidad y discapacidad que el Estado mantiene depositados en plazos fijos del Banco Nación.
Acreencia de OSDE ($400.000 millones): Capital derivado de un acuerdo de regularización de deudas por aportes de afiliados voluntarios que, en lugar de ser distribuido entre las prestadoras sindicales, fue derivado a fondos comunes de inversión FIMA.
Radiografía de la crisis financiera sanitaria
En paralelo a la demanda judicial, la conducción cegetista difundió un informe sobre la insostenibilidad del esquema asistencial. De acuerdo con el relevamiento sindical, cerca del 90% de los recursos del Fondo Solidario se destinan de manera exclusiva a solventar coberturas por discapacidad —lo que representa una erogación mensual de $160.000 millones—, dejando sin margen de financiamiento al Programa Médico Obligatorio (PMO).
El documento advierte además sobre el impacto del deterioro salarial del 30% en los aportes ordinarios, la caída del 40% en el acceso a medicamentos y el deffasaje de las contribuciones del régimen monotributista y de jubilados respecto a los costos reales de los insumos sanitarios. Frente a este panorama, mientras los gremios ultiman los detalles de la presentación penal, sectores duros de la CGT insisten en acompañar las acciones legales con la convocatoria a un paro nacional.
