La diputada Marcela Pagano presentó ocho requerimientos de información dirigidos a diversas dependencias públicas tras salir a la luz contrataciones millonarias destinadas al alquiler de unos 30.000 equipos de fotocopiado. La investigación salpica a firmas vinculadas al empresario brasileño Alejandro Trasmonte, titular de TNGROUP SA, quien mantiene vínculos comerciales con el Estado desde la gestión de Néstor Kirchner y expandió su volumen de negocios de manera sustancial durante los mandatos de Mauricio Macri, Alberto Fernández y la actual administración.
Los pedidos de auditoría se enviaron a organismos como ANSES, ARCA, el Ministerio de Capital Humano, AABE, INCUCAI, la Agencia de Administración de Bienes del Estado y los entes de control AGN y SIGEN. El foco de la controversia radica en la desproporción de los montos desembolsados frente al proceso global de digitalización de trámites: en la administración central trabajan unos 180.000 agentes, lo que representaría un promedio de un equipo contratado cada seis empleados públicos.
Sobrecostos y magnitud de las cifras
De acuerdo con revelaciones periodísticas de las señales C5N y Canal 9, la firma habría facturado aproximadamente $29.750 millones entre 2017 y la actualidad (cifra equivalente a unos $110.900 millones a valores de agosto de 2026). Tan solo durante el ejercicio 2025, la facturación hacia distintas áreas gubernamentales habría alcanzado los $21.412 millones, canalizada en su mayoría mediante convenios marco habilitados por la actual gestión.
El análisis financiero expone una marcada disparidad entre los valores de locación y el costo real de los bienes. Un caso testigo señala la contratación de 17 impresoras por un período de 12 meses a un costo total de $41,8 millones, lo que arroja un canon de alquiler anual de $2,4 millones por unidad, cuando el valor de compra en el mercado de un equipo nuevo ronda los $1,4 millones.
Documentación y alcance de los requerimientos
La presentación legislativa exige a cada reparto la rendición detallada de expedientes, órdenes de compra, especificaciones técnicas y trazabilidad de los equipos. Entre la documentación solicitada figuran:
Historial de adjudicaciones: pliegos de bases, dictámenes de evaluación, impugnaciones y actas de recepción formal.
Control de inventario: números de serie de los equipos, sedes de destino, registros de alta, bajas y sustituciones de unidades.
Trazabilidad operativa: partes de mantenimiento mensual, contadores de consumo de hojas e impresiones, y reporte de fallas.
Registros contables: facturación, comprobantes de pago, notas de crédito y liquidaciones por período.
La pesquisa indaga además posibles nexos políticos que facilitaron la continuidad del proveedor en la órbita de las contrataciones públicas, incluyendo adjudicaciones desde el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas durante gestiones recientes.
