En el marco de un relevamiento sobre más de 1,1 millones de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral en todo el país, el Ejecutivo nacional prevé oficializar entre martes y jueves la cancelación de aproximadamente 20.000 beneficios otorgados de manera irregular. Desde la Casa Rosada fundamentaron la decisión en la necesidad de sanear el padrón para reorientar los recursos hacia las personas con discapacidad comprobable, al tiempo que anticiparon que el proceso de control continuará en los próximos meses y podría derivar en nuevas bajas masivas.
La medida se da a conocer en un escenario legislativo clave, luego de que la Cámara de Diputados diera luz verde al proyecto de Ley de Discapacidad —que preserva el haber en un 70% de la jubilación mínima y ratifica la exigencia del CUD—, dejándolo a las puertas del debate en el Senado. Actualmente, el haber básico de esta prestación alcanza los $305.023,96, cifra que asciende a $375.023,96 brutos al computar los refuerzos vigentes, sumado a la cobertura médica a través del programa Incluir Salud.
Radiografía del padrón y antecedentes de depuración
Las autoridades apuntan contra las gestiones anteriores por el vertiginoso crecimiento de los beneficiarios, argumentando un uso clientelar de la asistencia pública. Las estadísticas oficiales reflejan una evolución del padrón que pasó de 79.000 prestaciones en 2003 a más de un millón en 2015, alcanzando un pico de 1.222.000 titulares a finales de 2023.
Este nuevo recorte no constituye un hecho aislado dentro de la política de fiscalización oficial:
Depuración previa: En agosto de 2025, el Estado anuló 110.522 pensiones tras constatar que el 60% de los auditados no acreditó la documentación requerida.
Irregularidades provinciales: En distritos como Chaco, los controles revelaron que más del 66% de las personas inspeccionadas no reunían los criterios legales, detectándose anomalías sistemáticas como la presentación de una misma radiografía de hombro para respaldar 150 expedientes distintos.
Control a prestadores e instituciones: La revisión abarca a entidades intermedias como la Fundación METAS (Moreno), de dada de baja del registro de prestadores en septiembre de 2025 tras constatarse que el establecimiento estaba desmantelado e inactivo, habiendo facturado más de $6.200 millones en fondos públicos entre 2017 y 2025.
Una reestructuración impulsada tras anomalías en el organismo regulador
El avance de este proceso de auditoría experimentó demoras operativas derivadas del escándalo institucional que sacudió a la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto de 2025, a partir de denuncias sobre presuntos esquemas de corrupción que derivaron en la salida de su titular, Diego Spagnuolo, y un posterior procesamiento judicial por sobreprecios multimillonarios en medicamentos.
Como consecuencia directa de este escenario de irregularidades, el organismo perdió su condición de ente autárquico y fue absorbido como secretaría bajo la órbita del Ministerio de Salud, cartera que hoy encabeza la fiscalización integral de las prestaciones.
