Un pormenorizado expediente de más de 300 páginas presentado por la fiscalía federal saca a la luz un presunto entramado de corrupción e influencia corporativa dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según la acusación de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez (titular de la PIA), la firma comercial Suizo Argentina habría tomado el control de los mecanismos de adquisición de fármacos de alta complejidad, coordinando una red con otras 14 droguerías para direccionar contrataciones y condicionar los desembolsos oficiales.
El dictamen judicial abarca las operaciones concretadas entre mayo de 2024 y agosto de 2025. A lo largo de ese lapso de 15 meses, la compañía señalada obtuvo contrataciones por un valor exacto de $137.118.708.357, volumen económico que representó cerca de una tercera parte de la partida total destinada por el organismo estatal.
A la luz de estas irregularidades, los representantes del Ministerio Público solicitaron llamar a declaración indagatoria a las autoridades principales de la droguería, al tiempo que pidieron ampliar los cargos contra los exfuncionarios y referentes involucrados: Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Pablo Atchabahian y Miguel Ángel Calvete.
Un sistema de filtración de datos, fijación de precios y cartelización
La investigación describe una mecánica en la cual agentes de la ANDIS habrían suministrado de manera coordinada información reservada sobre los procesos licitatorios del Programa Federal Incluir Salud a los directivos de Suizo Argentina. Esta ventaja posibilitaba a la empresa estructurar previamente los montos, repartir las adjudicaciones y definir qué compañía resultaría adjudicataria.
Los acusadores definieron la maniobra bajo la figura de un "doble pacto":
Acuerdo institucional: Una alianza entre la conducción de la ANDIS y la firma privada para cederle el manejo operativo de las compras de medicamentos de costo elevado.
Cartelización proveedora: Un entendimiento con otras 14 firmas del rubro que acataban las condiciones dictadas por Suizo Argentina a cambio de participación en las ventas al Estado.
Registros previos y represalias financieras
La evidencia recabada en los peritajes tecnológicos reveló que los ejecutivos de la distribuidora contaban con planillas donde figuraban los montos asignados, las droguerías ganadoras y los valores finales con anterioridad a la conclusión formal de las cotizaciones en el sistema SIIPFIS.
Asimismo, la pesquisa documentó la intervención de la empresa privada en la priorización de las órdenes de pago. Quienes se desviaban de las pautas establecidas por el cartel sufrían postergaciones en sus cobros. Como prueba de esta dinámica, el dictamen incluyó una comunicación enviada por Pablo Atchabahian a Daniel María Garbellini en la que se le indicaba: "Frena y dormí los pagos de Dihemo lo más que se pueda, están jugando mal", frase que para los fiscales refleja el uso del erario como instrumento punitivo.
