El abogado Gregorio Dalbon presentó una ampliación de denuncia penal y solicitó la detención preventiva del ministro de Economía, Luis Caputo; del presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; y del superintendente de Entidades Financieras, Juan Ernesto Curutchet. La medida se enmarca en la causa que investiga las maniobras financieras con las reservas de oro de la autoridad monetaria, las cuales habrían arrojado una pérdida superior a los 1.000 millones de dólares tras la difusión del balance 2025 auditado por la Auditoría General de la Nación (AGN).
El denunciante fundamentó la solicitud cautelar en el riesgo de entorpecimiento probatorio, dado que los funcionarios ejercen el control sobre las áreas clave y la documentación del organismo. Como alternativa a la privación de la libertad, Dalbon reclamó la prohibición de salida del país, la restricción de comunicaciones entre los involucrados y la obligación de comparecer periódicamente ante los tribunales.
Los números auditados y la hipótesis de la denuncia
Según el dictamen de la AGN —que aprobó los estados contables del BCRA de forma favorable pero incluyó un párrafo de énfasis sobre el tema—, las operaciones con derivados financieros atados al valor del oro generaron un quebranto de $1,469 billones (equivalentes a US$ 1.023 millones) con salida efectiva de divisas. En el mismo ejercicio, no obstante, la entidad contabilizó una ganancia por diferencia de cotización de la tenencia del metal por $8,002 billones.
Estructura financiera cuestionada: La denuncia apunta al uso de un esquema tipo collar (compra y venta simultánea de opciones para fijar pisos y techos de precios). Dalbon advierte que la suba del valor internacional del oro superó el límite pactado y generó desembolsos a cargo del Estado.
Diferencia de primas: La presentación judicial exige esclarecer por qué las pérdidas por opciones (US$ 960,2 millones) superaron holgadamente las primas registradas (US$ 62,8 millones).
Calificación legal: La acusación encuadra de forma preliminar los hechos en las figuras de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Medidas de prueba y pedido de indagatoria
Además de las medidas cautelares, el escrito solicita requerir formalmente a la AGN y al BCRA la entrega de contratos, actas del Directorio, comprobantes de egresos de divisas y registros de liquidaciones. Asimismo, se reclamó la realización de una pericia contable integral para constatar la existencia de un perjuicio patrimonial efectivo para el Estado antes de citar a los acusados a declaración indagatoria.
