En el marco de la escalada del conflicto entre el Poder Ejecutivo y diversos sectores sociales y gremiales, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) —espacio de articulación que nuclea a referentes del sindicalismo combativo— anunció su adhesión orgánica a la movilización nacional convocada para este 15 de octubre.

La jornada de protesta no solo tendrá como eje el reclamo por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, sino que consolidará un pliego de demandas que incluye la anulación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, el desendeudamiento de las familias trabajadoras y la prórroga urgente de la Emergencia Nacional en Discapacidad.

A través de una dura declaración institucional, la conducción del espacio gremial remarcó la importancia de confluir en las calles junto a la comunidad educativa para frenar el ajuste sobre el sistema público de enseñanza. “Nos sumamos a la 5ta Marcha Federal Universitaria para exigirle al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento, una norma que fue ratificada de forma contundente por el Congreso”, remarcaron desde el sector.
Soberanía, la Ley de Tierras y la ofensiva contra el DNU 70/23

Uno de los puntos de mayor tensión expresados en el comunicado radica en la exigencia dirigida a la Cámara de Diputados para que rechace de manera definitiva el DNU 70/23, al que califican como un instrumento inconstitucional que vulnera aspectos estratégicos de la soberanía nacional.

En tal sentido, la dirigencia del Fresu puso el foco en las fluctuaciones judiciales en torno a la Ley de Tierras, cuyo articulado había sido derogado por el decreto oficial antes de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispusiera su restitución provisoria el pasado 29 de septiembre tras un fuerte rechazo social y sectorial.

“La soberanía de nuestra patria no puede estar atada a la especulación de tres jueces, ni una ley aprobada por el Parlamento puede ser dada de baja mediante un decreto de un plumazo”, advirtieron los referentes del sindicalismo combativo.

Caída del empleo, desregulación e impacto en el consumo familiar

Al momento de evaluar las consecuencias socioeconómicas del marco normativo vigente, desde el Fresu consideraron que el Decreto 70/23 constituye la “piedra angular” del modelo económico impulsado por la Casa Rosada. Denunciaron que la derogación de marcos regulatorios clave —como la Ley de Alquileres y las normativas de fomento a la industria nacional— ha dejado desprotegidos a miles de hogares y acelerado la destrucción del entramado productivo.

Para fundamentar su postura, la entidad citó el cese de operaciones de casi mil empresas empleadoras registrado durante el pasado mes de julio, un fenómeno que vinculan de forma directa con la apertura de importaciones y el desplome de la actividad interna.

Tope salarial vs. desregulación financiera: Los gremios denunciaron que el programa oficial aplica una desregulación generalizada sobre las tarifas y las tasas de interés bancarias —que calificaron de usureras—, mientras sostiene un "techo cada vez más rígido" sobre las paritarias y los ingresos de los trabajadores.

Aparato productivo y condiciones laborales: Señalaron que el deterioro de la actividad repercute en un aumento progresivo de la precariedad laboral, con efectos directos sobre la salud físicas y mental de los asalariados.

Alivio financiero para los hogares y contención social

Finalmente, el documento sindical exige el tratamiento inmediato de proyectos parlamentarios orientados a contener el endeudamiento de la clase trabajadora, provocado por el incremento de los costos fijos y el financiamiento de consumos básicos con tarjetas de crédito. Asimismo, reclamaron la aprobación sin dilaciones de la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad, un sector golpeado por los recortes de partidas y los retrasos en las prestaciones básicas de salud y transporte.

Con esta adhesión, la movilización del 15 de octubre promete convertirse en una jornada nacional de alto impacto, donde el reclamo presupuestario universitario se entrelazará con el descontento gremial contra las políticas de desregulación y ajuste del Gobierno nacional.