Ante el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habilita la libre adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos extranjeros, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, instruyó formalmente al Fiscal de Estado a promover acciones judiciales para resguardar el patrimonio territorial de la provincia.

La decisión quedó plasmada en el Decreto N.º 1935, el cual advierte sobre el estado de desprotección jurídica institucional en el que queda el distrito tras la plena vigencia de la derogación de la ley de tierras rurales dispuesta por el DNU N.º 70/2023.

A través de sus canales oficiales, el mandatario provincial ratificó el rechazo a la normativa nacional y fundamentó la medida en las particularidades geopolíticas y socioeconómicas del territorio misionero.

Passalacqua remarcó que, al poseer más del noventa por ciento de sus límites bajo la condición de frontera internacional, albergar una biodiversidad única en el país y sostener una matriz productiva anclada en el pequeño productor agropecuario, resulta inadmisible exponer el suelo provincial a una desregulación que comprometa la soberanía local.

Impacto institucional del fallo y advertencias sobre la vulnerabilidad autonómica

En su articulado, el Decreto N.º 1935 detalla que la sentencia dictada por el máximo tribunal en la causa impulsada por el CECIM La Plata convalidó la operatividad del artículo 154 del DNU N.º 70/2023, instrumento que disolvió el régimen protectorio instaurado por la Ley Nacional N.º 26.737 sobre el dominio nacional de la propiedad rural.

Para la administración provincial, esta modificación legislativa impacta de forma directa, lesiva e inmediata sobre la autonomía regional, las finanzas públicas y el entramado económico-social.

Asimismo, el texto oficial advierte que la desregulación altera de manera sustancial el control sobre sectores estratégicos, vulnerando la seguridad municipal y provincial, así como la gestión soberana sobre los recursos naturales.

Con este paso judicial, el Estado misionero busca frenar el avance de operaciones inmobiliarias y corporativas transnacionales sobre zonas limítrofes consideradas vitales para la seguridad nacional y el desarrollo de las economías regionales.