El Gobierno nacional calificó como un contundente avance en la defensa de los derechos soberanos la decisión de la multinacional estadounidense Halliburton de desistir formalmente de prestar servicios en el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en el archipiélago de las Islas Malvinas.

La compañía comunicó su salida a las autoridades nacionales tras meses de intensas gestiones y presiones regulatorias impulsadas por la Cancillería y la Secretaría de Legal y Técnica, en el marco de la estrategia de endurecimiento normativo sobre las operaciones energéticas no autorizadas en aguas en disputa.

A través de un comunicado oficial emitido por la Oficina del Presidente, el Ejecutivo destacó que la retirada de la firma proveedora de servicios petroleros constituye un resultado directo de las medidas adoptadas bajo la administración de Javier Milei.

Desde la empresa confirmaron a la agencia Reuters que su determinación responde a las advertencias planteadas por el Estado argentino y a la rigurosidad de la legislación nacional vigente respecto de las actividades extractivas promovidas por el Reino Unido y sus subsidiarias en el territorio insular austral.

El peso geopolítico del yacimiento Sea Lion y la escalada diplomática con Londres

El proyecto Sea Lion, impulsado originalmente de manera conjunta por la británica Rockhopper y la israelí Navitas Petroleum, contempla la explotación de un yacimiento estimado en 1.700 millones de barriles de petróleo a unos 225 kilómetros al norte de las islas.

Desde su descubrimiento en 2010, la Argentina ha mantenido una férrea oposición a las perforaciones, al considerar que consolidan de forma ilegítima la presencia económica británica y vulneran los mandatos constitucionales sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La salida de Halliburton se produce en medio de una escalada diplomática de máxima tensión con el gobierno británico.

Recientemente, Londres rechazó enfáticamente el pedido argentino de someter la disputa a un arbitraje internacional bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), defendiendo la autogestión de los recursos naturales por parte de los isleños.

Frente a esto, la Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, ratificó que el país continuará desplegando todas las herramientas legales, diplomáticas y administrativas disponibles para impedir que corporaciones internacionales convaliden un escenario contrario a los intereses soberanos de la República Argentina.