La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un enérgico pronunciamiento para cuestionar el reciente fallo del máximo tribunal de justicia que revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata respecto al artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, restituyendo de este modo la derogación del régimen de protección de tierras rurales.

Desde la cúpula sindical advirtieron que la resolución judicial convalida una política de extranjerización del territorio nacional y desoye el rechazo expresado por las organizaciones sociales y gremiales. A través de un documento oficial difundido bajo el título «Un fallo contra la soberanía y la voluntad popular: cuando la Justicia le da la espalda al pueblo», el Consejo Directivo Nacional de la central obrera manifestó su repudio absoluto al criterio adoptado por los magistrados.

Si bien la Corte basó su decisión en cuestiones procesales al considerar que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) carecía de legitimación procesal y que no existía un caso justiciable formal, la central gremial interpretó el alcance político de la medida como un aval a la desregulación económica impulsada por el Poder Ejecutivo.

Críticas al impacto estratégico y reclamo al Poder Legislativo

En el texto, la organización sindical subrayó que la flexibilización de los controles sobre el dominio extranjero vulnera los intereses estratégicos de la Nación y facilita la concentración económica.

Al respecto, la CGT señaló: «Lo que no pudieron imponer mediante el debate parlamentario, ahora vuelve a abrirse camino por una decisión del máximo tribunal».

Asimismo, enfatizaron: «La tierra argentina es patrimonio de nuestro pueblo y forma parte inseparable de un proyecto de Nación con producción, trabajo, desarrollo y soberanía». Ante este escenario institucional, la central obrera renovó su exigencia a la Cámara de Diputados de la Nación para que avance en el rechazo formal del DNU 70/2023, recordando que la Cámara de Senadores ya votó en contra de la normativa.

La postura de la entidad se alinea con los reclamos sostenidos previamente por diversos sectores productivos y sindicales, como la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que advirtieron sobre los riesgos de eliminar los topes a la propiedad extranjera para la estabilidad de las comunidades rurales y el arraigo territorial.

El régimen original, consagrado por la Ley 26.737 en el año 2011, fijaba un límite máximo del quince por ciento para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental. Con la caída de las cautelares que frenaban la aplicación del decreto presidencial, el movimiento obrero ratificó su estado de alerta en defensa de los recursos estratégicos y de los límites constitucionales que regulan la soberanía territorial.