En medio de crecientes tensiones diplomáticas y comerciales, la empresa británica Rockhopper Exploration calificó como “ilegítimas” las penalizaciones dispuestas por la Argentina contra las firmas que operan en la extracción de hidrocarburos en las islas Malvinas.

A través de su informe semestral, la compañía ratificó que continuará adelante con el desarrollo del megaproyecto Sea Lion de manera conjunta con la firma israelí Navitas Petroleum, restando impacto a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional.

Desde la compañía británica señalaron que los cuestionamientos y advertencias recientes provenientes de la administración central no generarán efectos significativos sobre los plazos y actividades previstas para la explotación de los yacimientos offshore situados a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago.

Inversiones millonarias, respaldo británico y listado de sancionadas

El plan conjunto entre Navitas —operadora con una participación del 65%— y Rockhopper —que conserva el 35%— contempla una inversión estimada en 1800 millones de dólares tras la decisión final de inversión adoptada, proyectando el inicio de extracción para el primer trimestre de 2028.

En respuesta a las medidas punitivas y a los anuncios vinculados a la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, tanto las empresas como las autoridades británicas del territorio insular defendieron la validez de las licencias otorgadas.

Las penalizaciones impulsadas por el Estado argentino abarcan a un total de 45 compañías y accionistas de diversas nacionalidades —incluyendo el Reino Unido, Israel, Canadá, Países Bajos y Estados Unidos— vinculadas directa o indirectamente con las operaciones hidrocarburíferas y de infraestructura en la región austral, entre las que figuran subsidiarias de Navitas, Rockhopper, Borders & Southern, además de firmas proveedoras de servicios y análisis corporativo.