En medio de una causa judicial que sacude al arco político, el abogado querellante Gregorio Dalbón solicitó formalmente al juez federal Ariel Lijo la detención inmediata de Diego Spagnuolo, exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El pedido se fundamenta en la aparición de nuevos informes que revelan multimillonarios sobreprecios, pagos duplicados y adquisiciones irregulares de insumos médicos, elementos que, sumados a su procesamiento confirmado por la Cámara Federal, incrementarían sustancialmente el riesgo procesal de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
La presentación judicial detalla contrataciones escandalosas detectadas por la actual intervención del organismo. Entre los casos más resonantes figuran el pago de 425 millones de pesos por un sistema de válvulas bicaval transcatéter —cuando el PAMI había adquirido el mismo insumo meses antes por 124,2 millones—, diferencias de hasta un 711% en otros elementos, y la compra de implantes cocleares a un promedio de más de 62.000 dólares por unidad frente a referencias de mercado cercanas a los 17.000 dólares. Asimismo, se detectaron facturas duplicadas por 28,7 millones de pesos cada una y brechas de hasta un 4.239% en productos ortopédicos.
Los audios comprometedores y el fantasma de las coimas
El escrito presentado por Dalbón vuelve a poner el foco en las conversaciones filtradas que dieron origen al expediente, en las cuales se detallaba un presunto sistema de recaudación ilegal dentro del organismo estatal.
Según la transcripción incorporada a la causa, se le atribuyen a Spagnuolo frases explícitas sobre el mecanismo de retornos: "De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia", agregando presuntos porcentajes destinados al entorno íntimo del poder político, bajo la premisa de que "si no hay aporte, no hay medicamentos. Esto es así. No es caridad, es negocio".
Para la querella, la corroboración de sobreprecios y desvíos documentales da sustento definitivo a la hipótesis delictiva original, haciendo indispensable una medida de coerción personal.
En su argumentación sobre los riesgos procesales, el abogado recordó que el exfuncionario fue localizado inicialmente dentro de un country de Pilar durante los operativos policiales y advirtió sobre el peligro latente de que intente interferir en medidas de prueba pendientes, como la pericia destinada a certificar científicamente la autenticidad de su voz en los audios comprometedores.
