El oficialismo logró imponer en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el dictamen de mayoría sobre discapacidad con un total de 42 firmas, impulsado por La Libertad Avanza junto a sectores aliados.
La iniciativa, denominada “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia permanente del sistema de Discapacidad”, busca dejar atrás la transitoriedad de la emergencia —que vence a fin de año— para establecer un marco normativo definitivo que garantice previsibilidad, actualización de prestaciones y financiamiento.
Por su parte, la oposición nucleada en Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y Elijo Catamarca reunió 36 firmas en un dictamen de minoría que promueve prorrogar la emergencia en el sector hasta el 31 de diciembre de 2027.
Ejes principales de la propuesta oficial y apoyos
La normativa propuesta por el Gobierno ratifica los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, asegurando la continuidad de la pensión no contributiva, su actualización y el acceso a programas de atención médica.
Asimismo, incorpora incentivos impositivos para empleadores que contraten a beneficiarios por tiempo indeterminado, y fija la universalidad de un nomenclador con aranceles actualizados y partidas presupuestarias específicas. El oficialismo cosechó los respaldos necesarios mediante acuerdos con bloques dialoguistas, sumando votos del PRO, la UCR, Producción y Trabajo, además de disidencias provenientes del MID, Argentina Federal y el espacio Neuquinidad.
Desde estos sectores dialoguistas explicaron que las modificaciones incorporadas buscan garantizar con transparencia los derechos del colectivo, la previsibilidad presupuestaria y un cronograma explícito para los pagos pendientes a prestadores.
En contraparte, legisladores opositores como Maximiliano Ferraro, Pablo Juliano y Eduardo Valdés cuestionaron la iniciativa oficial, manifestaron desconfianza respecto al manejo de los fondos y exigieron garantías concretas sobre el cumplimiento de las partidas correspondientes y la situación de terapistas, transportistas y prestadores.
